Parece que la solución a la polémica que rodea al servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Santander, no termina de llegar. En este caso, ha sido la Mesa de Contratación la que ha echado atrás el procedimiento para la adjudicación del servicio a una nueva empresa, al detectar los servicios técnicos que los pliegos se redactaron siguiendo datos erróneos respecto al número y categorías del personal asignado a la prestación del servicio y que además no recogen la existencia de nuevas necesidades que deben incluirse en la licitación.

Según el informe técnico, el pliego de condiciones evidencia errores no subsanables en los pliegos respecto al número, relación y categorías de los trabajadores subrogables, así como la modificación de las circunstancias y necesidades del Ayuntamiento en cuanto a procedimientos y criterios a aplicar para realizar un correcto seguimiento e inspección del contrato, dos circunstancias que hacen que este procedimiento de adjudicación quede anulado.

Hay que recordar que este procedimiento de adjudicación viene ya desde 29 de agosto de 2017 siendo resuelto un año y tres meses más tarde, el 22 de noviembre de 2018 a favor de la oferta mejor considerada la UTE formada por las empresas Imesapi-Copsesa-La Encina, que presentó un presupuesto de 7,71 millones de euros anuales, con un plazo de cuatro años, que puede ser prorrogable anualmente durante dos años más.

Esta situación llevó a las protestas a los empleados de Parques y Jardines que señalaron que era una oferta insuficiente ya que no podía hacer frente a los salarios de los 200 empleados que debía subrogar a la vez que mantener las condiciones y derechos laborales que tienen en la actualidad.

Tras un informe de la Intervención Municipal donde se se hacía constancia del incumplimiento de la actual adjudicataria respecto al número de personal asignado a la prestación del servicio, se determinó que la licitación del nuevo contrato en cuanto a la formulación de ofertas en condiciones de igualdad, concurrencia, igualdad y no discriminación, afectaba a la licitación por lo que la Mesa de Contratación señalaba que «con la concurrencia de las citadas causas justificadas y actuando por razones de interés público» y «validado por resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales» se desestima el procedimiento actual de contratación.