La exalcaldesa socialista de Santoña Puerto Gallego ha justificado este lunes, en el juicio por presunta prevaricación contra ella y otros ocho concejales socialistas de su equipo de gobierno, el pago de diversas facturas por diferentes servicios municipales y a pesar de los reparos de los interventores porque, ha asegurado, los mismos se habían prestado y, además, había consignación presupuestaria.

Gallego ha justificado que «el día a día de los ayuntamientos es muy complicado», admitiendo que a diario «hay que tomar decisiones» -no solo en materia de contratación- y que «a veces» se pueden cometer «irregularidades».

«Estábamos entre la espada y la pared», ha manifestado la que fuera regidora socialista de la villa marinera y que se ha sentado en el banquillo por hechos cometidos desde que accedió al cargo, en 2003, y hasta 2009, por supuesto fraccionamiento de contratos y la aprobación de distintos pagos.

Ha explicado así que por un lado tenían los reparos de Intervención pero, por otro, los servicios estaban prestados y además había partidas consignadas, motivos estos últimos por los que la Junta de Gobierno Local aprobaba las facturas, como -ha agregado- les advertía el secretario.

La exalcaldesa santoñesa -que se enfrenta a ocho años de ihabilitación para empleo o cargo público que pide el fiscal para ella y el resto de encausados- ha aseverado que cuando cogió el bastón de mando las empresas en cuestión -principalmente cuatro- ya estaban trabajando para el Consistorio, sobre el que también ha puesto de manifiesto la «falta de medios», tanto técnicos como personales.

Además, ha afirmado que en las comisiones ponía de manifiesto la necesidad de que se iniciara el correspondiente expediente de contratación, expediente que «hacíamos cuando podíamos», ha puntualizado.

«Pero hay que tirar para adelante», ha defendido Gallego durante el interrogatorio en la vista, señalada para este lunes y martes y que se está desarrollando en el salón de actos del complejo judicial Las Salesas, tras ser suspendida en varias ocasiones, la última hace un año.

Tanto el ministerio público como las acusaciones particulares –que ejercen el exconcejal de Falange Leoncio Calle Pila y el Partido Popular– consideran que los acusados cometieron un delito de prevaricación administrativa continuada, y el fiscal entiende que concurre la atenuante de dilaciones indebidas.