Día largo de intento de negociaciones y protestas de los docentes en la Consejería de Educación de Cantabria. Esta mañana, se celebraba una reunión entre los Sindicatos Docentes y la Administración, para tratar la Oferta de Empleo Público Docente del próximo año.
Así los representantes de la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, TU, UGT, CCOO y CSIF) aprovecharon para enverrarse la Consejería, para pedir la dimisión de Marina Lombó. El motivo principal para esta reclamación ha sido su «actitud dictatorial» en la supresión de la semana no lectiva de principios de noviembre.
Según los sindicatos, la negativa de la Administración a negociar la supresión de la semana de descanso de los alumnos de noviembre, el anuncio oficial del Presidente de Cantabria, las instrucciones enviadas por escrito a los centros educativos, etc, hacen suponer que la reunión de la Mesa Sectorial del próximo sábado por la tarde, será un «mero paripé burocrático».
Creen así que «la negociación no será, como exige la Ley, de buena fe, puesto que la medida ya está decidida antes de convocar la mesa, y no parece que existan informes que justifiquen (desde el punto de vista sanitario) la misma».
Estas razones son las que han hecho que se encierren en la sede de la consejería de educación hasta las 17:30 horas, momento en el que estaba convocada la concentración del sector educativo.
UGT ha declarado que la Consejería de Educación dice que es una decisión tomada por Sanidad, «cuando el representante de esta Consejería ha declarado públicamente que la medida la había tomado Educación». Añade además que en el informe técnico elaborado por Salud Pública no aparece, «ni siquiera como recomendación», la posibilidad de anular la semana no lectiva.
Ya por la tarde, más de un centenar de personas, entre profesores y representantes sindicales, se han concentrado a la Consejería de Educación para protestar por la anulación de la semana de vacaciones escolares y pedir la dimisión de la consejera, Marina Lombó.
La supresión a última hora de las primeras vacaciones del curso escolar, decretada por el ejecutivo regional, han sido un «ordeno y mando» de la consejera, que «va a hechos consumados», según ha afirmado Jesús Aguayo (STEC).
Por otro lado, Rut Trueba (ANPE), ha señalado que tras la publicación de la orden en el BOC, la Junta Personal «va a estudiarlo e impugnarlo judicialmente» para que no se lleve a cabo una medida que, a su juicio, supone una «falta de respeto» hacia familias, docentes y sociedad en general y una «falta de conocimiento de lo que es el mundo educativo».
