El Parlamento de Cantabria ha rechazado en el Pleno de este lunes crear una comisión de investigación sobre la gestión de la empresa pública MARE durante el periodo 2008-2020 para ahondar en el pago de cantidades «indebidas» detectadas en la auditoría de la Intervención.

Los grupos que sustentan al Gobierno regional, PRC y PSOE, han votado en contra asegurando que «toda la documentación solicitada se ha ido enviando al Parlamento» y al Tribunal de Cuentas. «Todo es público y conocido», han insistido tras considerar que la oposición «no quiere conocer la verdad», sino «erosionar al Gobierno y arrojar dudas».

Ciudadanos (Cs) y Vox han sido los grupos que han llevado la iniciativa a la Cámara, pero no ha salido adelante al no lograr el apoyo del resto, PRC, PP y PSOE, que han considerado innecesaria la comisión dado que «está todo investigado» y que la empresa ha cumplido ya «al 50%» las medidas correctoras que marcan los informes.

El PP, que se han abstenido, han opinado que Cs y Vox «están montando un paripé». «¿Qué vamos a investigar los diputados que no haya investigado ya un interventor, un auditor de cuentas del Gobierno, que no se casan con nadie?», han señalado.

De todas formas, los populares el PP ha pedido de nuevo convocar de manera «urgente» la comparecencia del director gerente de MARE para saber por qué la empresa pública siguió haciendo pagos «indebidos» durante dos años y medio después de conocer el informe de Intervención que detectó las irregularidades.

Por su parte, Cs y Vox han criticado que MARE «lleva años oliendo mal» y «curiosamente» no han apoyado la creación de la comisión de investigación los tres partidos que han tenido responsabilidades en el Gobierno y han «elegido» al Consejo de Administración de la sociedad.

Han criticado que MARE, la empresa pública de gestión de residuos dependiente del Gobierno de Cantabria, no pida responsabilidades a quienes han sido sus administradores por el pago de esas cantidades «indebidas» (al menos 1,3 millones desde 2008 según la auditoria) y solo requiera a los trabajadores que las percibieron que devuelvan la parte cobrada de forma irregular en el último año.

«Y aquí paz y después gloria», han apostillado, incidiendo en que la «obligación» del Parlamento es investigar la «cascada de irregularidades» detectadas y «exigir responsabilidades políticas». «Si no hay nada que ocultar, qué problema hay para no votar a favor?, han apuntado Cs y Vox, destacando, al igual que el PP, que «necesitaron dos años para dejar de pagar» esas cantidades tras salir a la luz.