Los órganos judiciales de Cantabria recibieron durante el tercer trimestre de este año 2022 un total de 51 concursos de acreedores, lo que supone un aumento del 82,1 por ciento respecto a los ingresados durante el mismo periodo del pasado año (28).

Los concursos presentados por particulares aumentaron un 121,4 por ciento, mientras que los de empresarios, lo hicieron un 33,3 por ciento y los de personas jurídicas, un 50 por ciento.

El trimestre analizado se ha visto afectado por el fin de la vigencia de la moratoria concursal el pasado 30 de junio, después de varias prórrogas desde su aprobación en marzo de 2020.

La moratoria concursal suspendió la obligación del deudor que se encontrase en situación de insolvencia de solicitar la declaración del concurso, y supuso, además, que no se admitieran a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas durante su vigencia.

No obstante, esta moratoria no impedía que el deudor que se encontrara en situación de insolvencia pudiera solicitar la declaración de concurso.

Con la finalización de esta moratoria, todos los órganos judiciales de España han experimentado aumentos en la entrada de procedimientos concursales, con una media nacional que sitúa en 76,2 por ciento el incremento.

Todos estos datos se recogen en el Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales, elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que hoy ha sido difundido con información relativa al tercer trimestre de 2022.

Asimismo, en el periodo analizado disminuyeron un 19 por ciento los lanzamientos practicados, que fueron 85. Los debidos a impago de hipotecas (14) aumentaron un 250 por ciento, mientras que los que responden al impago de un alquiler (69) bajaron un 25 por ciento.

Los procedimientos por despido que llegaron a los seis Juzgados de lo Social de Santander crecieron un 36,8 por ciento y las reclamaciones de cantidad descendieron un 11,7 por ciento.

De julio a septiembre, el juzgado de cláusulas suelo ingresó 299 asuntos y dictó 344 sentencias, el 98,9 por ciento de ellas estimatorias de las pretensiones del demandante.

Finalmente, los órganos judiciales de Cantabria recibieron 4 demandas por ocupación ilegal de vivienda, dos menos que un año antes. La tasa de demandas de este tipo por cada 100.000 habitantes en Cantabria se sitúa en 0,7, por debajo a la registrada por la media nacional (1,3).

8,7 concursos por cada 100.000 habitantes

Los 51 concursos presentados en todos los órganos judiciales de Cantabria suponen una tasa de 8,7 por cada 100.000 habitantes, casi la mitad que la registrada a nivel nacional (15,2), lejos de la de Cataluña (27,8), que es la comunidad autónoma con mayor número de concursos en relación a su población, y más cerca del País Vasco, donde se registró la menor tasa de todo el país (8,1).

De esos 51 concursos, 31 correspondieron a particulares, 12 a empresas y 8 a empresarios.

Los concursos de particulares aumentaron un 121,4 por ciento respecto al mismo periodo de 2021, cuando se registraron 14. No obstante, Cantabria permanece por debajo de la media nacional en número de concursos de particulares en relación a la población: 5,3 concursos por cada 100.000 habitantes frente a 7 del conjunto del país.

Por su parte, los concursos relativos a empresas fueron 12, cuatro más que en 2021, lo que supone un crecimiento del 50 por ciento y una tasa de 2,1 concursos de este tipo por cada 100.000 habitantes, frente a una media nacional de 5.

El resto de concursos (8) fueron presentados por empresarios, dos más que en 2021 o, lo que es lo mismo, un 33,3 por ciento más. Son 1,4 concursos por cada 100.000 habitantes, mientras que a nivel nacional esta tasa se sitúa en 3,2.

En agosto entró en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de Juzgados de lo Mercantil. Desde entonces, todos los procedimientos concursales se presentan ante estos órganos, no solo los relativos a empresas o a empresarios. Hasta esa fecha, los concursos de particulares eran competencia de los juzgados de primera instancia, por lo que la estadística de este trimestre refleja este tipo de concursos tanto en los juzgados de lo mercantil como en los de instancia.

Por otro lado, durante el periodo analizado el Juzgado de lo Mercantil de Santander declaró 8 concursos, otros 6 declaró concluidos, en 8 se fue a liquidación y en uno se presentó un expediente de regulación de empleo.

Actividad en los juzgados laborales

La incidencia de la situación económica en los tribunales también se evalúa en el movimiento de asuntos en los juzgados de lo social o laborales, donde se presentan tanto las demandas de despido como aquellas en las que los trabajadores reclaman el pago de una cantidad por parte de sus empleadores.

En el tercer trimestre de 2022, los seis Juzgados de lo Social de Santander registraron un total de 253 demandas por despido, lo que supone un incremento del 36,8 por ciento respecto a 2021 (185).

La tasa de despidos por cada 100.000 habitantes se sitúa así en 43,2, frente a 63,6 a nivel nacional. A la cabeza se encuentra Canarias (95,5) y Navarra es la comunidad con menor tasa de despidos (32,4).

Por su parte, las reclamaciones de cantidad fueron 377 y disminuyeron un 11,7 por ciento respecto a las presentadas un año antes (427).

Estas demandas fueron más en Cantabria que en la media del conjunto del país, con 64,4 reclamaciones de cantidad por cada 100.000 habitantes frente a una tasa nacional de 54,9. Donde más demandas de este tipo se presentaron en relación a la población fue en Canarias (86,3) y donde menos, en Navarra (35,3).

La incidencia de la situación económica en los juzgados civiles

De julio a septiembre de este año se presentaron 57 procedimientos de ejecución hipotecaria ante los juzgados de primera instancia de Cantabria, lo que supone un 20,8 por ciento menos que en 2021 (72 demandas).

Esta cifra sitúa la tasa de ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes en 9,7, por debajo de la registrada por la media nacional, que está en 11,9. A la cabeza está Murcia (19,3) y Navarra es la comunidad donde menos demandas de este tipo se presentan (4,7).

En estos juzgados de primera instancia también se tramitan los procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios.

Durante el tercer trimestre de este año, estos pleitos ascendieron a 2.075 frente a los 1.584 de un año antes, lo que representa un aumento del 31 por ciento respecto a 2021.

Así, en el periodo analizado se presentaron en Cantabria 354,6 procedimientos monitorios por cada 100.000 habitantes, frente a los 434,5 a nivel nacional. La tasa más alta se dio en Canarias (637) y la más baja en el País Vasco (191,5).

Los lanzamientos practicados en Cantabria entre el 1 de julio y el 30 de septiembre fueron 85, un 19 por ciento menos que en 2021 (105), con una tasa de 14,5 demandas de este tipo por cada 100.000 habitantes, inferior a la media nacional (15,6). En Canarias se da la más alta (23,6) y en Extremadura la más baja (5,5).

Por tipos, los debidos a impago de hipoteca pasaron de 4 en el tercer trimestre de 2021 a 14 en el actual, lo que situó el incremento en un 250 por ciento, si bien la tasa por cada 100.000 habitantes en Cantabria es de 2,4, por debajo de la media nacional (3,2).

Poe el contrario, los lanzamientos debidos al impago de alquiler fueron menos que en 2021: 69 frente a 92, un 25 por ciento menos. En este caso, la tasa por cada 100.000 habitantes es superior a la nacional: 11,8 en Cantabria y 11,5 de la media de todo el país.

Ocupación ilegal de la vivienda

Finalmente, el informe incluye información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, derivados de la última modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre este asunto.

Estos procedimientos verbales están destinados a que las personas físicas, y las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer una vivienda, que sean titulares legítimas de ésta, y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, puedan recobrar la posesión en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas.

En Cantabria, los juzgados de primera instancia registraron de julio a septiembre 4 asuntos de este tipo, dos menos que en 2021, esto es, un 33,3 por ciento menos.

Esos 4 procedimientos sitúan la tasa de demandas de este tipo por cada 100.000 habitantes en 0,7, frente a 1,3 del conjunto del país. A la cabeza, se encuentra Castilla-La Mancha, con 2,5 demandas por cada 100.000 habitantes. Navarra, por el contrario, es la comunidad donde menos pleitos de este tipo se registran, 0,2 por cada 100.000 habitantes.