La Jueza, del Juzgado Nº 5 de Santander que investiga la trama de contratos amañados en la Consejería de Obras Públicas, ha admitido la petición del Gobierno de regional, de incluir en la causa a las empresas involucradas en la investigación.
La idea del Gobierno de Cantabria, era apartar a las cuatro empresas implicadas, Rucecan, Cannor, La Encina y API, de los contratos en los que están en licitación y en los que ha participado el jefe del Servicio de Carreteras, Miguel Ángel Díez, principal encausado de la trama, al haberse detectado posibles irregularidades en diez de ellos que están en proceso de licitación.
A partir de este momento las empresas tienen un plazo para personarse en la causa con abogado y procurador para posteriormente ser convocadas a una vista en la que podrán alegar sobre esta prohibición de contratar que ha solicitado el Gobierno regional.
No ha corrido la misma suerte la segunda petición realizada al juzgado por el Ejecutivo cántabro, ya que ha rechazado la apertura de una cuenta bancaria donde consignar las cantidades pendientes de abonar por las obras ya ejecutadas por las empresas investigadas, y que intervino el jefe del Servicio de Carreteras, ya que la jueza .entiende que no procede la tutela judicial ya que las obras que están pendientes de pago no forman parte de la investigación actual.