La Fiscalía de Cantabria ha decidido abrir una investigación a la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, y al director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, por haber autorizado la orden para poder matar 41 lobos en Cantabria tras su salida de la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en el mes de marzo pasado.
Esta decisión de la Fiscalía de investigar a Susinos viene como consecuencia de las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), quien además denunció a Serdio por un supuesto delito de prevaricación por dicha resolución y un posible ilícito contra la fauna en la autorización y ejecución de la orden para eliminar lobos, publicada el 2 de abril tras las actuaciones llevadas a cabo en la zona Polaciones y Campoo.
La denuncia de Ecologistas en Acción responsabiliza a Serdio de haber dictado la resolución que establece la caza de 41 ejemplares sin haber entrado en vigor la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, por la que el lobo salió del Lespre, mientras que a Ssusinos le reprochan que no resolviera el recurso de alzada presentado por esta asociación ni se pronunciara tampoco sobre la solicitud de suspensión cautelar de la orden interesada, «ignorando el riesgo de daño irreversible a una especie protegida».
Por su parte, tras conocer esta decisión de la Fiscalía, la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha asegurado que seguirá adelante con la caza, o extracción como les gusta denominarlo, de lobos en Cantabria, tal como está previsto en el Plan de Gestión de la Especie cuya legalidad.
Susinos ha querido recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), ya denegó las medidas cautelares solicitadas por Ascel y además les impuso las costas para la suspensión de la ejecución de los controles, indicando que «En dicho auto, el TSJC reconoce, primero, que el lobo legalmente ya está fuera del Lespre y, por otro lado, que los informes remitidos por el Gobierno de Cantabria para justificar la necesidad de hacer controles son exhaustivos, precisos y justificados».
La consejera añadió que el auto del TSJC mencionado «también habla de que no es menor el interés de los ganaderos por resguardar sus animales y con ello su modo de vida, garantizando el desarrollo de una actividad que el mismo auto reconoce como relevante sector económico y social».
«Vamos a continuar haciendo el tan necesario control poblacional, según la orden de extracciones que ya publicamos en el Boletín Oficial de Cantabria el pasado día 2 de abril», ha señalado la Consejera de Ganadería, justificando su decisión en que «En el 2024 se certificaron 2.681 ataques por lobo, con un total de 3.233 cabezas de ganado muertas y 207 heridas. Insisto, datos certificados. No queremos ni acabar ni exterminar al lobo, lo estoy diciendo siempre, queremos coexistir como se ha hecho históricamente, y para ello es necesario que continuemos con el tan necesario control poblacional, pero siempre como lo estamos haciendo, con la ley en la mano», concluyó. De momento son nueve ejemplares que ya se han cazado y hay pendiente otras 21 en zonas de nuestra región
