Foramontanos Siglo XXI
Una sociedad moderna debe contar con unas instituciones transparentes y eficientes al servicio del ciudadano. La administración regional actual, caracterizada por la opacidad, la ineficiencia y su alto coste no es sostenible. Necesitamos una administración ágil, que contribuya a mejorar el bienestar de los ciudadanos y la competitividad empresarial, porque el desarrollo económico de una sociedad depende, en buena medida, del buen funcionamiento de un sector público capaz de proporcionar servicios de calidad y complementar la iniciativa privada, con unos niveles adecuados de inversión y seguridad jurídica.
La efectividad de las políticas del gobierno depende de la capacidad operativa de su administración. Si los gobernantes están realmente interesados en su consecución, la búsqueda de la eficiencia y la simplificación administrativa tienen que estar entre las prioridades de su agenda política. Para lograr la administración que precisamos y poder afrontar los retos futuros, Foramontanos Siglo XXI propone veinte medidas, ajustadas a la realidad y factibles, agrupadas en cinco ámbitos, que se enuncian a continuación.
El éxito en la gestión de cualquier organización depende de su capacidad para planificar las actuaciones que debe llevar a cabo en un período de tiempo. Planificar significa fijar los objetivos a alcanzar y determinar las acciones y recursos necesarios para el logro del resultado esperado. El primer condicionante para el funcionamiento del sector público de nuestra Región es la inexistencia de planificación y de objetivos auditables, ya que en esa coyuntura no se gobierna, sólo se despacha lo que va surgiendo.
Propuestas para la planificación de la acción de gobierno:
1. Establecer la obligatoriedad de elaborar y publicar, en los primeros seis meses, el plan de gobierno de cada legislatura, identificando los planes, los proyectos y las actuaciones más significativas.
2. Modificar la Ley de Cantabria 5/2018 de Régimen Jurídico para subsanar la omisión del principio de planificación, dirección por objetivos y evaluación de la gestión que debe presidir la actividad de cualquier administración pública, e incluir las disposiciones precisas para establecer la necesidad de concretar los planes y programas de actuación de los órganos directivos, así como su evaluación y difusión de los resultados obtenidos.
3. Revisar y actualizar los contenidos del portal de transparencia y, para dar cumplimiento a la Ley de Cantabria 1/2018 de Transparencia de la Actividad Pública, incluir la publicación de los planes, programas y evaluaciones de eficiencia de los órganos directivos y entidades integrantes del sector público institucional.
La evaluación debe acompañar a la planificación de la acción de gobierno, ya que permite a los políticos incorporar las lecciones de la experiencia en su quehacer, contribuyendo a mejorar sus decisiones futuras. La evaluación se refiere tanto a las políticas (planes y proyectos) como a los servicios públicos; con respecto a las primeras se pretende analizar los resultados obtenidos y el impacto sobre la sociedad, mientras que en lo que se refiere a los servicios el objetivo es evaluar la eficiencia de la gestión realizada y la calidad en su prestación.
Propuestas para impulsar la evaluación y la rendición de cuentas:
4. Potenciar el control interno de la administración desarrollando anualmente un plan de evaluaciones e inspecciones, con el propósito de determinar el grado de eficacia y eficiencia de las políticas y de la gestión que realizan los órganos directivos y las entidades públicas.
5. Incrementar el control de la contratación externa de servicios, de forma que sólo se recurra a esta opción cuando la administración carezca, de manera fehaciente, de medios materiales y humanos.
6. Los órganos directivos deberán elaborar sus memorias anuales de la actividad realizada, que serán objeto de publicación en el Portal de Transparencia.
7. Todos los servicios deberán establecer sus cuadros de mando e indicadores de su gestión con el propósito de fomentar la dirección por objetivos y favorecer la evaluación. Las unidades con atención al público redactarán y harán públicos los compromisos de calidad que asumen en su gestión.
8. Se pondrá en marcha el Consejo de Supervisión de las entidades integrantes del Sector Público Institucional, como órgano responsable del control de su gestión y de proponer mejoras.
La política de racionalización y simplificación es fundamental para mejorar la prestación de los servicios públicos y el bienestar ciudadano, pero para que sea eficaz se precisa actuar en los ámbitos organizativo, normativo y procedimental. Se deben replantear las exigencias que se imponen a ciudadanos y empresas, optando por el diseño de procedimientos administrativos que reduzcan al mínimo su impacto, sin merma de la seguridad jurídica exigible.
Propuestas para racionalizar y simplificar la gestión administrativa:
9. Abordar una reforma profunda del sector público para racionalizar la estructura administrativa y el sector empresarial y fundacional, eliminando las unidades y entidades que implican disfunciones y duplicidades e incrementan el gasto público.
10. Elaborar y poner en marcha, de manera urgente, un plan de simplificación procedimental y mejora regulatoria, con medidas que afecten a todos los ámbitos competenciales, priorizando las dirigidas a reducir cargas administrativas en los sectores productivos con mayor aportación al valor añadido bruto, al empleo y a la creación de empresas.
11. Revisar los requisitos exigidos para el ejercicio de actividades económicas, impulsando la utilización de la declaración responsable y la comunicación previa, minimizando la intervención administrativa, sin perjuicio de las actividades de comprobación e inspección posterior que la administración tiene atribuidas.
12. Promover la sustitución de informes preceptivos por visados de órganos competentes o certificados de entidades colaboradoras, para acreditar la verificación de la documentación que los interesados deban presentar ante la administración.
13. Redistribuir las cargas de trabajo entre órganos, mediante la utilización de las figuras que, a tal efecto, recoge la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
No basta con invertir mucho en recursos tecnológicos si éstos no mejoran la eficiencia en la gestión; la utilización de las tecnologías de la información es actualmente la forma más evidente de simplificar procedimientos y reducir la burocracia, facilitando la prestación de servicios a los ciudadanos y a las empresas, a la vez que se contribuye a la reducción de costes estructurales.
Propuestas para una digitalización real de la administración:
14. Implantar soluciones corporativas que permitan la digitalización integral de la gestión interna y el acceso de los ciudadanos y las empresas a la tramitación completa de los expedientes que les conciernen.
15. Priorizar la implantación de un gestor de expedientes de contratación que permita su tramitación electrónica y aporte un plus de agilidad e integridad, ya que estos procedimientos tienen unas características que hacen necesario disponer de una herramienta que resuelva de manera integral su gestión, desde la fase de inicio hasta la liquidación del contrato.
16. Establecer cauces alternativos a la administración digital, para garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos a quienes no disponen de capacidades o medios de tramitación telemática; en ningún momento se relegará la atención presencial frente a la telefónica y la telemática.
La Administración Pública sirve, con objetividad, los intereses generales y los empleados públicos deben distinguirse también por el mismo afán en el desempeño de su trabajo. Para mejorar la calidad de nuestra administración regional debemos reducir su grado de politización, separando el nivel político del nivel ejecutivo, reservando los puestos de confianza política para el ámbito en el que se fijan las prioridades políticas. Por otra parte, en una administración con una plantilla que cuenta con numerosos puestos de cualificación media-baja, resulta imprescindible orientar las convocatorias de empleo público hacia perfiles con capacidad de liderar, gestionar y supervisar, indispensables en cualquier organización que aspire a su sostenibilidad.
Propuestas para profesionalizar la función pública:
17. Desarrollar la dirección pública profesional prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público, ajena al ámbito político y vinculada a la evaluación de la gestión realizada, con la misión de planificar y velar por la correcta ejecución de las actuaciones a seguir, de acuerdo con la acción de gobierno y las prioridades políticas.
18. Determinar los puestos de trabajo que serán necesarios en el futuro, identificando las competencias precisas para su desempeño y analizar los puestos actuales que deben modificarse o suprimirse.
19. Promover la movilidad del personal, de manera que un trabajador público pueda ser trasladado de una unidad a otra por razones coyunturales del servicio.
20. Implantar la evaluación del desempeño de los empleados públicos acabando con la uniformidad a la hora de determinar los componentes variables de la retribución.
El número de empleados públicos de la administración regional se ha incrementado en los últimos veinte años a un ritmo de 513 efectivos por año y los gastos de personal suponen en 2024 un 36% del presupuesto total de la Comunidad Autónoma, sin que se aprecien mejoras en la calidad de los servicios públicos. Tras más de cuarenta años de autonomía, ya va siendo hora de que el Gobierno regional haga sus deberes y se ocupe de la gestión eficiente de sus competencias, de asegurar una educación y sanidad de calidad, de transformar el funcionamiento interno de su administración, de facilitar el seguimiento de sus planes e informar de su cumplimiento, lo que permitirá impulsar la actividad económica y mejorar la calidad de vida de los cántabros.
Firman este artículo los Foramontanos: Antolín, Alberto; Bedia, Ramiro; Carrión, Carmen; Casanova, Daniel; Casanueva, Carlos; Castañeda, Manuel Ángel; Cuartas, Alberto; Domenech, Javier; Díez, Francisco; Eraso, Antonio; Fernández de la Pradilla, Alberto; Fernández, Tomás Ramón; Fernández-Lerga, Carlos; García-Morales, José; Ortega, Mercedes; Pérez de Guzmán, Juán Manuel; Portilla, Gervasio; Puyol, Rafael; Rama, Julio; Rivero, Pedro; Rodríguez, Carlos J; Rodríguez Rovira, Eduardo; Rosales, Ignacio; Sáiz-Ipiña, Carmen; Ugarte, Marisol;
