El alcalde de Santa María de Cayón, Gastón Gómez, perteneciente al Partido Popular, ha sido juzgado este martes por una presunta prevaricación continuada durante los años del 2007 al 2013 donde supuestamente contrato a varias personas a «dedo».

Los hechos juzgados son concretamente la contratación de monitores para las escuelas deportivas municipales, así como de peones para la Brigada Municipal de Obras o de personal para desarrollar los proyectos de la Agencia de Desarrollo Local, hechos que el Alcalde ha negado en todo momento.

La acusación tanto por parte de la Fiscalía como de concejales o exconcejales de la oposición tanto del PSOE como PRC e independientes creen que se ha cometido un delito continuado de prevaricación en las contrataciones. El Alcalde Santa María de Cayón, asegura que no intervino en la selección para las contrataciones

Las acusaciones consideran que el alcalde del PP, llevó a cabo estas contrataciones de forma «arbitraria», «sin el más mínimo proceso selectivo» y con una «ausencia total» del cumplimiento de los principios como son la igualdad, el mérito y la capacidad que debe llevarse a cabo en una administración pública.

Por su Gastón Gómez, que es alcalde del municipio desde 1.999 y desde hace varias legislaturas con mayoría absoluta, ha negado estas acusaciones y ha asegurado que, en esta época, las contrataciones para estos ámbitos se realizaban de la misma manera que se venían realizando antes de su llegada a la Alcaldía y que desde su llegada y a instancias del interventor llevo a cabo «cambios en el sistema» del proceso de contratación.

En relación con el interventor, el fiscal ha indicado que realizó en esta época más de 80 reparos sobre estas contrataciones, aunque en el juicio de hoy éste ha afirmado que, ante sus reparos, sí apreció «voluntad» en el alcalde de regularizar estos procesos de contratación, llevándose a cabo varios cambios en los sistemas que se seguían, indicando que desde la llegada de Gastón Gómez, se dio de alta a los monitores y externalizaron las escuelas deportivas municipales, indicando además que estos años se ha «avanzado» en la «corrección de muchos errores» porque un «cambio en el sistema no es algo que pueda hacerse de una manera tan drástica».

Unas afirmaciones que han provocado la reacción en contra tanto del Fiscal como de los abogados de la acusación popular que las han calificado de «surrealistas» acusándoles de no mantener su «contundencia» anterior y querer «endulzar» la situación del regidor.

Todos los testigos de las distintas áreas implicadas han señalado que no recibieron ninguna orden del Alcalde sobre a quién debían contratar.

A pesar de estas declaraciones tanto la Fiscalía como la acusación popular se han ratificado en su acusación y en la petición de 9 años de inhabilitación para el actual alcalde de Santa María de Cayón porque a su juicio ha quedado «claro y meridiano» que no hubo procedimientos en la contratación ya que se actuaba «al libre albedrío» y con «absoluta discrecionalidad», concluyendo que «Santa María de Cayón ha venido siendo el cortijo de Gastón Gómez» y que su actitud ha sido «corrupta».

Por su parte la defensa ha pedido la libre absolución porque no hay elementos para considerar que la actitud del Alcalde sea la de cometer un delito de prevaricación, considerando que sí han podido haber «posibles irregularidades administrativas» pero en ningún caso un comportamiento penal como dice la Fiscalía y la acusación popular porque hubo «unos criterios de contratación», como deportivos, profesionales, o sociales, aunque no fueran «los estrictamente establecidos en la ley».

El letrado concluía que lo que debe juzgarse en si «estamos ante un cacique que actuó por su propio interés personal» o como para él es lo aceptable «ante unas contrataciones que respondieron a unos fines o a una explicación mínimamente admisible», habrá que espera a saber que decide finalmente el Juez del Juzgado de lo Penal Nº 4 Santander que ha sido quién ha llevado este caso.