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jueves, marzo 28, 2024

Imputados dos ex altos cargos de Sanidad del PSOE por prevaricación administrativa

Francisco Javier González, exsubdirector de Gestión Económica y Alejando Rojo, exgerente de Atención Primaria ejercieron sus cargos en la etapa de la consejera María Luisa Real

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Francisco Javier González Gómez, exsubdirector de Gestión Económica del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y Alejandro Rojo, exgerente de Atención Primaria, además del asesor externo Alvaro Saez de Viteli, han sido imputados por el Juzgado Número 5 de Santander por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con supuestas irregularidades en contratos de obras y servicios en la pasada legislatura al considerar la jueza que hay «indicios razonables de criminalidad» en los hechos que se les imputan.

La titular del Juzagdo, Mercedes Compostizo, ha dictaminado un auto en el que instruye la denuncia de la Fiscalía por estas supuestas irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS), que se dieron ha conocer hace dos años (2018) que provocaron las dimisiones no solo estos cargos sino también el exgerente del Servicio, Julián Pérez Gil, en la etapa que era Consejera de Sanidad la socialista Maria Luisa Real.

La Fiscalía aprecia cuatro hechos en los que aprecia indicios de delito por supuestas irregularidades en contrato del Servicio Cántabro de Salud, principalmente en los contratos menores para el pintado de centros de salud y las obras de ampliación del hospital virtual de Valdecilla, así como la compra de 22 ecógrafos; y las asistencias técnicas del consultor externo Alvaro Sáez de Viteri, imputado también en la causa, entendiendo la Fiscalía que estos cuatro hechos podían constituir delitos de prevaricación administrativa, de fraudes o exacciones ilegales y/o de malversación de caudales públicos, señalando como presunto autor al exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González Gómez.

Por su parte, la Fiscalía imputa a Gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo, junto con el anterior imputado,  los contratos menores adjudicados a las empresas Serincopsa, Gardenor e Iralia que llevaron a cabo las obras de ampliación del Hospital Virtual Valdecilla, en el que el Ministerio Público veía «una clara finalidad de eludir el sistema de contratación y el acceso en condiciones de igualdad» Da la coincidencia que estas tres empresas tienen los mismos administradores, y según denunció en su día el PP, uno de ellos es hijo del alcalde socialista de Suances. Además les señala como presuntos responsables de la adjudicación a estas mismas empresas del pintado de tres centros de salud, a pesar de que esta función estaba incluida en el contrato integral de mantenimiento de centros, lo que ocasionaba «un gasto innecesario al erario público».

Por lo que se refiere a la compra de los 22 ecógrafos a las empresas Sakura y Esaote, la Fiscalía responsabiliza a González, no sólo por el fraccionamiento de la compra en 22 contratos menores de aparatos «idénticos, sin urgencia e impidiendo el libro concurso de terceros en la contratación». señalando que era «manifiestamente incompetente» para realizar esta adquisición.

Por último la Fiscalía denuncia a González y a Alvaro Saénz de Viteri por los contratos menores de asistencia técnica que le fuero adjudicados a este consultor externo para redacción de pliegos y valoración de ofertas técnicas, «sin motivar mínimamente la necesidad de las citadas asesorías» y no constando que se «hubieran realizado los trabajos» significando además que en dos contratos de asesoramiento a nombre de Amaia Saénz de Viteri, «la firma corresponde, presuntamente, a Alvaro Saenz de Viteri, lo que sugiere la existencia de una falsedad y opacidad que debe ser investigada por cuanto que la citada Amaya parece no tener participación ni en la firma ni en la realización de los hipotéticos trabajos posteriores».

En el auto, fechado el 24 de abril y contra el que cabía recurso, en su parte dispositiva, se instaba a continuar la tramitación de las presentes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos investigados a González Gómez, Rojo y Saez de Veteri fueren constitutivos de un presunto delito prevaricación administrativa.

Se da un plazo de diez días, para dar dar traslado de las diligencias previas al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas por si solicitaran la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación.

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