«Me voy dando la cara, con transparencia, porque así es como uno actúa cuando no se tiene nada que esconder», Señalaba el ex ya Consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes antes de dejar su cargo, en la que incidido que «no hay absolutamente nada, ni una tacha» en torno a su gestión, en los 4.000 mil folios del sumario de la causa.

«No hay absolutamente nada que pruebe mi participación ni la de ninguno de mis altos cargos de la Consejería», señalaba Gochicoa, ni de ningún otro funcionario al margen del principal encausado, al menos hasta el día de hoy, ya que la investigación continua abierta.

Gochicoa, convocó esta rueda de prensa para dar explicaciones ya que finalmente no fue solicitada su comparecencia en el Pleno del Parlamento de este lunes que tenía prevista al retirar los grupos de la oposición su petición tras conocer su cese/dimisión así como la Manuel del Jesús, director general de Obras Públicas.

Según Gochicoa, presentó su dimisión «desde el primer momento» en el momento que conoció la investigación «a pesar de que nadie de mi equipo está involucrado» y no ser responsable del jefe de la trama, porque él «no le ha nombrado» al ser funcionario de oposición, pero que no fue aceptada por Revilla hasta que no tuvo controlada la situación.

Al margen indicar que han apartado a Miguel Ángel Diez como responsable de los contratos el Servicio de Mantenimiento de Carreteras, y pedir medidas cautelares para que las empresas vinculadas a la trama, Rucecan, La Encina, Cannor y Api Movilidad, no puedan concurrir a las contrataciones que se les querían adjudicar.

En la investigación hay una decena de contratos que suman unos 34 millones de euros, con estas empresas implicadas todos ellos en licitación e incluso uno aún sin publicar, aunque ha aclarado que desde el Gobierno «en ningún caso podemos prohibir a una empresa concurrir» a un concurso público a no ser que así lo determine la Justicia, que deberá pronunciarse sobre este asunto.

Además, se ha solicitado al juzgado que abra una cuenta para depositar los pagos correspondientes a estas empresas que deben de momento seguir prestando sus servicios contratados hasta que se determine que actuaciones llevar a cabo.