Estaba cantado que iba a ser así y finalmente se ha cumplido el pronóstico de no llegarse a ningún acuerdo concreto entre el Gobierno central y las Comunidades autónomas en Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en el Palacio de La Magdalena.
Se han abordado asuntos como la vivienda, financiación autonómica, inmigración y sanidad, y en ninguno de estos temas se ha llegado a ningún acuerdo, ni de mínimos tan siquiera, por las discrepancias que existen ente el Ejecutivo de Sánchez y Comunidades autónomas en su mayoría en manos del PP.
Lo único a lo que se ha comprometido Sánchez en materia de Sanidad, es a transferir a las comunidades autónomas 223 millones de euros extraordinarios a principios de 2025 para nuevas soluciones sanitarias basadas en Inteligencia Artificial, pero nada de la falta de personal sanitario, aunque ha dicho que aumentará la financiación de nuevas plazas para profesiones sanitarias en las universidades públicas, «siempre y cuando exista un compromiso firme de las comunidades para contribuir de forma sostenida a su cofinanciación».
El Ejecutivo ha planteado «acordar entre todos un nuevo modelo de financiación autonómica que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios, y garantice que todas las CCAA reciban más recursos de los que reciben hoy», que en la realidad son palabras vacías sin contenido.
En materia de migración, el Gobierno central ha hablado de la necesidad de llegar a un acuerdo en materia de reparto de menores migrantes no acompañados por la península y por ello Sánchez ha pedido acordar de una vez una solución compartida al problema del reparto de los menores no acompañados a través de criterios objetivos, apelando a la solidaridad de todas las comunidades».
El presidente, durante su intervención, ha instado a todas las comunidades autónomas a que apliquen la Ley de Vivienda, algo que rechazan las comunidades gestionadas por el PP, y el Presidente les ha propuesto que el parque público alcance el 20% y que que hagan uso de la Ley de Vivienda, «cuyas herramientas que están dando buenos resultados allí donde se aplican y están contribuyendo a reducir el precio de los alquileres».