Se está creando una estéril polémica en torno a los 18 MENAS (menores extranjeros no acompañados), que en estos momentos están siendo tutelados por Cantabria a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), tras las declaraciones del Gobierno regional donde pedían a la Delegación del Gobierno «que valore iniciar un procedimiento reglado para saber lo que es mejor» para ellos, si seguir acogidos o llevar a cabo una reagrupación con su familia en sus países de origen.
Lo que ha hecho el Ejecutivo cántabro es cumplir lo que marca la Ley de Extranjería y los mecanismos internacionales de protección e informar de aquellos menores tutelados que tienen familia en su país de origen y ha pedido a la Delegación del Gobierno, que es quien tienen la competencia en esta materia, recopile la información de las circunstancias familiares de cada uno y decida qué es lo mejor para ellos.
El Gobierno de Cantabria no tiene ninguna competencia para poder decidir esto, por eso se trata de una polémica artificial levantada sobre este asunto desde las filas del PSOE que desde la Delegación del Gobierno, ya han adelantado que no serán repatriados en ningún caso a sus países de origen y que incluso se niega a estudiar los dieciocho oficios recibidos desde la Consejería de Inclusión en los que se pide que analice su situación personal y familiar para «valorar la procedencia de incoar el procedimiento de expatriación» en su caso.
Desde el Gobierno regional se afirma que se pretende garantizar el interés superior del menor, en caso de que se determinara que la reagrupación familiar les favorecería, mientras que desde el Gobierno de Sánchez, se señala que la verdadera intención es expulsarles de forma insolidaria.
El Parlamento de Cantabria aprobaba el 17 de marzo una iniciativa de Vox, con los votos del PP, que instaba a la comunidad cántabra a negociar acuerdos con los países de origen para «facilitar la reintegración de los menores no acompañados» regresando con sus familiares por lo que el día 26 de marzo el Ejecutivo regional firmaba los oficios que posteriormente se remitían a la Delegación de Cantabria.
Fue la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez, la que pidió que se hiciera «un análisis de situación y que se adoptaran las medidas legales que fueran necesarias» aludiendo a un fallo del Tribunal Supremo que afirma que la tutela de los menores extranjeros no acompañados que han pedido el asilo depende del Gobierno central y del decreto aprobado en el Congreso que determina que las comunidades autónomas no pueden negarse a recibir menores que proceden de otros territorios nacionales con una situación de exceso.
Por eso no se entiende muy bien la polémica que desde la oposición principalmente el PSOE y desde la propia Delegación del Gobierno en Cantabria, se quiere fomentar esta situación cuando realmente Cantabria, no tienen capacidad para decidir sobre ello, por o que es más bien una cuestión de postureo ante una situación que genera controversia entre los ciudadanos.
