La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha requerido el Gobierno regional para que de forma inmediata «remueva cualquier impedimento que obstaculice o dificulte» la vacunación contra el coronavirus de todo el personal médico que ejerce la actividad privada en la comunidad autónoma, «sea cual sea su vínculo» y además que lo haga «sin dilación, discriminación o demora alguna».

El auto dictado este lunes por la Sala Contencioso-Administrativo del TSJC, acuerda la medida cautelar solicitada en el mes de marzo por el Colegio de Médicos que había reclamado por vía judicial esta medida en una primera instancia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Santander se declaró incompetente y que lo emitió al TSJC que acaba de dictar este auto.

En su resolución, el alto tribunal cántabro requiere, bajo los apercibimientos legales, al Ejecutivo autonómico y la Consejería de Sanidad, que dirige el socialista Miguel Rodríguez para que «remueva cualquier impedimento que obstaculice o dificulte la vacunación contra el COVID-19 de todo el personal médico que ejerce la actividad privada en la comunidad autónoma de Cantabria, sea cual sea su vínculo, sin dilación, discriminación o demora alguna».

Añade el auto que esta medida «sería de conformidad con la estrategia de vacunación existente y actualizada al momento de la misma, y sin que procediera discriminación alguna».

Una vez conocido el ato, desde la Dirección General de Salud Pública ya se han puesto en contacto con el Colegio de Médicos para indicarles que van a comenzar a citar a los médicos cántabros en activo aún sin inmunizar para administrarles la vacuna contra el coronavirus.