El Tribunal de Cuentas ha emitido un Informe sobre las Cuentas de los Partidos Políticos de 2020 en que se se apunta la existencia de «irregularidades» en relación con el pago de cuotas de los afiliados del PP en Cantabria en el año 2020.

El informe detalla que ese año 2020 se observan ingresos de cuotas realizados por intermediarios a nombre de distintos afiliados por un importe total de 17.260,03 euros, que siendo la cuota anual es de 20 euros, supondrían un total de 863 anualidades.

Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas relaciona esta anomalía con la convocatoria del proceso de renovación de juntas locales que quedó suspendido y que con alguna excepción como Santander y Torrelavega, sigue pendiente a día de hoy, cuatro años después.

El Partido Popular de Cantabria, a finales de 2020, inició el proceso para la renovación de sus 33 juntas locales tanto las de nueva creación, como las que estaban dirigidas por una gestora o las que estaban vacantes su presidencia, pero una vez iniciado el proceso para poder votar, dos días antes, desde Génova, dirigido en ese momento por Casado y García Egea, decidieron paralizar el proceso de elección, aludiendo razones de seguridad jurídica al entender que el Comité Ejecutivo Regional, no era tenía competencias para llevar a cabo este proceso, además de las circunstancia de la pandemia que podía limitar los derechos de los votantes y candidatos.

La imposición de Ruth Beitia como candidata a las elecciones autonómicas en detrimento de María José Sáenz de Buruaga, motivó una guerra abierta entre la Ejecutiva cántabra y el la dirección de Génova, Sin embargo, desde el PP cántabro, entonces enfrentado con Madrid, llevó a que el PP cántabro lo vieran como una maniobra desde Madrid al comprobar que en la mayoría de juntas locales iban a ser los ganadores por el número de avales presentados los que estaban a favor de Buruaga, pero ahora pasados cuatro años desde ese momento el Tribunal de Cuentas habla de «irregularidades» en el pago de las cuotas de los afiliados.

Según el documento, publicado en la página web del tribunal, 480 euros corresponden a 24 ingresos en efectivo realizados por un único intermediario, a los que hay que sumar otros 5.780 euros de abonos realizados en diferentes cajeros automáticos por intermediarios dándose la casualidad que en un mismo cajero y en el mismo día se realizaron hasta 63 abonos. La cifra más importante, de 10.940 euros, está relacionada con ingresos mediante transferencias por 20 intermediarios distintos, «de los cuales al menos 17 eran cargos públicos», añadiendo que «se han observado hasta 59 transferencias realizadas por la misma persona en el mismo día y hora».

El Tribunal de Cuentas señala que el pago de la cuota lo tiene que hacer el afiliado y no una segunda persona, pero en este sentido la ley es un tanto ambigua, al manifestar sobre el pago interpuesto, bien en efectivo o por medio de una transferencia bancaria, que «dificulta la trazabilidad de la identidad del pagador de la cuota, que necesariamente ha de ser el afiliado en los términos previstos en el artículo 8.2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos».

Este capitulo del pago de cuotas de los afiliados del PP en Cantabria viene precedido de lo ocurrido en el Congreso Regional de 2017, en el que María José Sáenz de Buruaga fue proclamada presidenta del partido tras vencer al que hasta ese momento era su líder, Ignacio Diego, por cuatro votos, que este impugnó en los tribunales, y que finalmente una sentencia negó cualquier ilegalidad,.

Diego denunció que miembros del PP de Cantabria utilizaron la cuenta bancaria de un discapacitado psíquico para pagar las cuotas de 491 afiliados, que no estaban al día de sus cuotas, con el fin de que pudieran votar en el congreso regional del partido celebrado 25 de marzo de 2017. En tan sólo 48 horas, entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, el último día hábil se realizaron los ingresos para que se pusieran al día en el pago de sus cuotas los militantes que quisieran votar en la elección de compromisarios. Se trataba, en total, de 491 transferencias de 18,03 euros cada una (a esta cantidad asciende la cuota anual exigida a los afiliados en ese momento) que suman 8.852 euros.