La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado la razón al Gobierno regional en su plan de caza del lobo tras no admitir a trámite el recurso de Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que desestimaba el recurso interpuesto contra los controles de lobo en la región, que estimaba «razonable» el cupo de 41 extracciones para este año.
El auto recoge inadmite a trámite los recursos de casación de los ecologistas en una providencia fechada el pasado 11 de febrero basándose en el incumplimiento de exigencias que la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece para estos escritos, como es la falta de fundamentación suficiente, y en la carencia de interés casacional.
La resolución además impone las costas procesales, limitadas a un máximo de 2.000 euros que tendrán que abonar ambas asociaciones.
El TSJ cántabro ya desestimó en julio los recursos de ambas entidades argumentando que el estado de conservación de la especie era favorable y que habían aumentado las manadas, así como también los ataques al ganado, dentro de una expansión territorial del lobo.
