El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, insta a la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio a que regule los Vehículos de Arrendamiento con Conductor (VTC) mediante una serie de enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales que acompaña a los Presupuestos Generales de Cantabria.
De este modo, según Fernández se solventaría la usencia de regulación actual hasta que haya una legislación en la que se establezcan los límites y competencias de actuación de las VTC.
“Desde el PSOE entendemos que se trata de reivindicaciones justas por parte del sector del taxi para proteger a los usuarios del servicio y promover un mercado más justo que redundará en beneficio de las arcas de los gobiernos regional y local”, ha recalcado.
A su juicio, “hay un agravio comparativo evidente” entre la normativa a la que están sujetos los taxistas, al ser un servicio público, y las VTC, “que en Cantabria pueden actuar sin ningún tipo de control porque no se regulan los límites ni se vigilan las condiciones de explotación de las autorizaciones”.
“La situación de desregulación de las VTC es peor incluso en Cantabria que en Madrid”, ha aseverado Fernández.
En esta misma línea, ha recordado que en julio de 2019 en el Pleno del Ayuntamiento de Santander se aprobó una moción, a instancias del PSOE, en la que se instaba al Gobierno de Cantabria a redactar una Ley reguladora del sector de las VTC acorde con el Real Decreto-Ley 13/2018 en el que se ordenaba que los prestadores de este servicio no lo hicieran en el ámbito urbano, y que cedía la competencia para legislar sobre este asunto en las comunidades autónomas.
Cantabria, la comunidad más permisiva con las VTC de España
Según Fernández, “la falta de legislación sobre este tema sitúa a Cantabria como la comunidad más permisiva con las VTC de toda España, y abre la puerta a la actuación de multinacionales que no tributan ni en España ni en nuestra región”.
Y lo ha contrastado con las regulaciones a las que está sometido el sector del taxi, compuesto en Cantabria por más de 500 trabajadores autónomos y más de 200 asalariados.
Ha señalado que los taxistas, al ser un servicio público, están sujetos a licencias que son concesiones administrativas y que son precisamente las administraciones las que regulan las tarifas que aplican.
Así, ha instado a modificar el la ley de Cantabria de 2014 de Transporte de Viajeros por Carretera para que las autorizaciones de VTC se habiliten para realizar exclusivamente transporte interurbano, que puedan ser transporte complementario al sanitario y que se proceda a la regularización sobre la titularidad de licencias municipales modificando la Ley de Cantabria 1/2014 para que sólo puedan concederse a personas físicas, se permita un máximo de una por titular y se prohíba la titularidad de licencias municipales de auto-taxi a la misma persona física en más de un municipio.
“Mientras los taxistas cumplen la normativa existente, las VTC no tienen nada que cumplir porque no existe en Cantabria una regulación que establezca cuales deben ser sus competencias. A falta de una normativa actualizada, estamos a tiempo de paliar esta situación injusta a través de enmiendas en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los Presupuestos Generales de Cantabria”, ha concluido.
