El Grupo Parlamentario Regionalista (PRC) ha registrado una proposición no de ley (PNL) que llevará al próximo Pleno de la Cámara regional para pedir al Gobierno de España más Guardia Civil y medios económicos y técnicos para el Puerto de Santander antes de proceder a la retirada de las concertinas instaladas para frenar las intrusiones, de esta manera vuelve a contestar a su socio del Gobierno, PSOE y la delegada del Gobierno, la socialista Ainoa Quiñones, que pedían su inmediata retirada.

Esta iniciativa pretende que el Puerto sea «una garantía fronteriza» para la UE y que «siga siendo seguro» para las empresas que operan en él y no se ponga en peligro su continuidad, pues la actividad portuaria es un «activo básico» para la región y representa en torno al 11% de su PIB.

Así lo ha dicho este martes el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, en una rueda de prensa que ha ofrecido para presentar la PNL, que deriva de la «falta de respuesta» por parte del Estado –quien tiene la competencia de la seguridad en el Puerto– ante las continuas peticiones de más medios desde la Autoridad Portuaria de Santander (APS) y el Gobierno de Cantabria.

La iniciativa pide que «cada uno asuma sus competencias» y que el control de fronteras sea asumido con los medios técnicos, económicos y personales necesarios por el Ejecutivo central, aumentando los efectivos de Guardia Civil y la dotación presupuestaria para medidas complementarias. Además, reclama colaboración entre la APS y el Gobierno para dotar al recinto de medios alternativos de seguridad.

En un tercer punto, la PNL establece que una vez cumplidos estos objetivos se procedería a la retirada de las concertinas. Y es que el PRC está «en contra de las concertinas, pero a favor de la seguridad del Puerto», que según Hernando, «correría el riesgo de ser inseguro» sin ellas.

Según los regionalistas, aún con concertinas se han producido 33 intentos de saltos en cinco días, mientras que durante el año 2021 se registraron 2.500 intrusiones, por lo que el PRC ve necesario tomar medidas para que estos polizones, que tratan de ‘colarse’ en los contenedores para llegar a Reino Unido, no terminen afectando al futuro del puerto y a la economía regional.

Se quiere evitar que las empresas duden si seguir operando en el Puerto ante el incremento de intrusos, como ocurrió el año pasado. «Hablamos de gente que intenta cometer una ilegalidad que va a perjudicar al conjunto de ciudadanos de Cantabria. Eso no lo podemos permitir», ha sentenciado Hernando, que cree que las concertinas «tienen que ir desapareciendo» pero de la mano de la implantación de otras medidas.

Según ha indicado, tras colocarse esta herramienta se ha detectado un «trasvase» de los intentos de salto, que antes se producían en lugares por donde era más fácil entrar –en los que se han instalado las concertinas–, a otros más cercanos al centro de la ciudad donde hay más control y es más fácil detener a los polizones.

Al margen de las concertinas, el Puerto ha invertido en los últimos tres años más de 3 millones en contratar seguridad privada, colocar vallas más altas, cámaras infrarrojas, sensores de movimiento, etcétera, a pesar de que «no hay duda» de que es competencia del Estado reforzar la seguridad.