Al igual que ocurriera con el decreto que les obligaba a cerrar a las dos de la madrugada, las empresas del Ocio Nocturno, han acudido a los tribunales para que anulen la orden del Gobierno de Cantabria, por la que desde este lunes a las 12 de la noche les obligaba a cerrar sus establecimientos al igual que los bares de copas.

Las empresas del Ocio Nocturno, entienden que con esta medida se está generando «un daño irreparable» al sector que bastante castigado está siendo ya con las medidas que se habían adoptado en su momento.

En su escrito presentado al juzgado, las más de cien empresas asociadas entienden que el Gobierno Cántabro «no ha justificado» la medida del cierre porque «no es proporcionada, ni necesaria, ni idónea» por la situación ante el COVID-19 y además tampoco es «la menos perjudicial a los intereses públicos como privados».

En el escrito insisten en que «las medidas acordadas por el Gobierno de Cantabria no pueden ser adoptadas a la ligera ni de manera generalista y han de estar ámpliamente justificadas mediante informes técnicos que aseguren que su adopción va a redundar en un control en la propagación del virus».

Los empresarios seguran que se «está partiendo de un error» porque se «hace un totum revolutum al equiparar actividades privadas, no controladas, con actividades profesionalizadas en las que se garantiza la seguridad y protección tanto de clientes como de trabajadores», señalando además que está prohibición se hace de forma «indefinida, sin duración temporal, sin incluir los criterios que, en un futuro, puedan permitir su alzamiento, colocando a estos negocios en un limbo legislativo».

En su escrito, los empresarios señalan que el Gobierno de Cantabria, para tomar esta medida, debería acreditar que los establecimientos afectados por la decisión «son focos de contagio del virus antes de clausurarlos de manera definitiva» y que servirán para «repercutir positívamente en el interés general con un claro descenso en la transmisión» del virus y que son las «idóneas en contenido y duración a tal fin no existiendo otras que causaran menores perjuicios al sector».

Por último, en su escrito indicaban que «Estamos ante un sector delicado al que cualquier medida a aplicar podría causar graves consecuencias económicas«.