El Gobierno de Cantabria se personará como acusación popular en el caso del crimen de Liaño de Villaescusa, en el que Eva Jaular, de 40 años y su hija de once meses fueron asesinadas presuntamente por su expareja y padre, tras autorizarlo la madre y a la vez abuela de ambas.
El procedimiento se encuentra en estos momentos en trámites y la intención es que el Consejo de Gobierno lo apruebe en su próxima reunión, prevista para el jueves 13 de enero.
El asesinato se cometió el 16 de diciembre en la vivienda de la madre y la hija, donde al día siguiente agentes de la Benemérita hallaron los cuerpos sin vida de ambas, después de que sus familiares denunciaran la desaparición.
Esa misma jornada, la Guardia Civil arrestó en El Astillero al sospechoso, José Reñones, de 43 años, que hasta le fecha ha negado la autoría de los hechos. Desde entonces continúa la investigación que lleva a cabo la Policía Judicial.
En la actualidad, se sigue buscando el arma blanca empleada en estos hechos, sobre los que inicialmente el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander decretó secreto de sumario, aunque la causa pasó después al de Violencia sobre la Mujer, cuya jueza decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el sospechoso, investigado por dos delitos de homicidio y uno más de quebrantamiento de medida cautelar.
El detenido tenía una orden de alejamiento de su expareja dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander, y que podría haber quebrantado hasta dos veces el mismo día del crimen.
Ante esto, el instituto armado abrió una investigación reservada sobre la actuación de los agentes. Al parecer, la víctima había llamado a la Guardia Civil antes de aparecer muerta, por lo que este Cuerpo policial quiere conocer el detalle de la participación de los efectivos para saber si los protocolos que siguieron fueron los «adecuados».