El Grupo Parlamentario VOX registraba a finales de agosto una Proposición de ley para la derogación de la Ley 8/2021 de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, ante lo que entendían la inacción del Gobierno regional, una ley que para esta formación «fomenta el enfrentamiento, la división y la manipulación de la Historia«, y que «resulta completamente innecesaria cuando los españoles ya habían pasado página de uno de los más terribles acontecimientos de nuestra historia».
Esta semana conocíamos que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado su propia Proposición de ley para su derogación, una proposición prácticamente idéntica a la presentada por VOX.
Para Vox, para no entrar en la batalla dialéctica y en la obtención de medallas políticas, ha solicitado la tramitación de urgencia de esta proposición de ley para que pudiera salir adelante. Con ello se pretende una más rápida solución para la derogación de una ley creada para reescribir la historia al gusto de una parte y totalmente alejada de los principios de equidad y neutralidad política.
La portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Leticia Díaz, ha declarado que «La derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria tiene la finalidad de huir de esas malas prácticas y preservar la reconciliación, eludiendo cualquier sectarismo por parte de la Administración Autónoma de Cantabria y apartándose del camino de división y resentimiento que se ha cultivado durante los últimos años.»
El Partido Popular da cumplimiento al acuerdo plenario de septiembre de 2023 y cuenta con la mayoría suficiente, tanto en la Mesa del Parlamento para la tramitación urgente, como en el Pleno, donde VOX dará su voto favorable, demostrando que, lejos de buscar el protagonismo y los focos, busca siempre lo mejor para los cántabros. No deja de llamar la atención que, pese a necesitar del apoyo de VOX para la derogación, el Partido Popular sea incapaz de llamar a las cosas por su nombre y hable del apoyo de “otros partidos”.
«El pluralismo político consagrado en la Constitución española se sustenta en la libertad de expresarse de acuerdo con una específica posición política u opinión, un concepto inherente a la democracia. Un sistema democrático, por tanto, debe ofrecer las condiciones para expresar y defender distintas y antagónicas líneas de pensamiento», concluyó la portavoz.
