El Gobierno de la presidenta María José Sáenz de Buruaga ha logrado hoy aprobar el segundo presupuesto de la legislatura, unas cuentas para 2025 que alcanzan una cifra global récord de 3.740 millones de euros y que recogen la «apuesta firme» del Ejecutivo por los servicios públicos esenciales, según ha destacado el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, en su intervención en el debate parlamentario previo a la votación del proyecto de ley.
«El presupuesto refleja la ambición del Gobierno por consolidar un modelo de crecimiento económico real, sólido y sostenible, cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad de vida de los cántabros, con políticas públicas orientadas a lo que de verdad les importa y siguiendo con la prestación de los servicios públicos, sin generar más deuda ni hipotecar el futuro de las próximas generaciones de cántaros», ha dicho Agüeros.
La Ley de Cantabria de Presupuestos Generales de la comunidad autónoma para el año que viene ha recibido el visto bueno de la mayoría del Parlamento, en virtud del acuerdo suscrito por los grupos parlamentarios Popular y Regionalista, y entrará en vigor el próximo 1 de enero.
Agüeros ha explicado que se trata de un presupuesto dirigido a la consolidación de los servicios públicos esenciales, al desarrollo económico de Cantabria y a la creación de empleo, que se ha diseñado en base a los criterios de «prudencia, responsabilidad, eficiencia y déficit 0», y que aporta «seguridad y certidumbre a los cántabros».
Un instrumento, ha añadido, para seguir impulsando la transformación de la comunidad autónoma y que sirve de guía para avanzar hacia una «Cantabria de primera», que es el objetivo se marca la presidenta Buruaga.
Además, el presupuesto para el próximo ejercicio da continuidad a la política de impuestos bajos que ya tuvo su reflejo en las cuentas de este año 2024 con la mayor rebaja fiscal de la historia de Cantabria. A todo ese paquete de medidas se suman, a partir del mes de enero, dos nuevas deducciones en el IRPF para captar inversión extranjera y atraer a personas físicas que trasladen su residencia desde otra comunidad autónoma o el extranjero.
También habrá deducciones para los menores de 40 años que residan en un municipio afectado por riesgo de despoblamiento y para los propietarios que pongan en alquiler sus pisos, como medida para potenciar el mercado de la vivienda en Cantabria.
