Miguel Ángel Díez, jefe de servicios de Carreteras Autonómicas, es el principal encausado en la trama de las adjudicaciones irregulares en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria. Una vez levantado el secreto de sumario por la Jueza del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, se empieza conocer los detalles de la operación llevada a cabo en la Consejería de Obras Públicas de Cantabria, donde el principal implicado, el jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria, disfrutaba disfrutaba de «diversas dádivas» que le han llevado un «importante incremento de patrimonio no justificado», estimado en «varios millones de euros», desde a 2013 a 2022.

Según los datos que se van conociendo, la investigación comenzó a principios de 2022, cuando funcionarios de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria tuvieron conocimiento de una posible participación de un alto funcionario de la Consejería de Obras Públicas, en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obras.

Durante la investigación, la Agencia Tributaria, constató que la familia del imputado disfrutaban de unos beneficios económicos que no se justificaban con sus ingresos y además de un vehículo cuyo contrato de renting era pagado por una de las empresas que resultaba adjudicataria de contratos de cuyos informes técnicos participaba directamente el Jefe de Contratación.

En el informe de la Agencia Tributaria, se destaca que el jefe del Servicio de Carreteras intervenía desde su condición de alto funcionario en la elaboración de ofertas de licitadores concretos, emitiendo presuntamente una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y sacando fuera de la misma a otros licitadores ajenos a esta trama, negociado precios, los términos de las licitaciones con empresas concertadas haciendo uso de información privilegiada.

Tanto el investigado, como su entorno familiar, habrían diseñado una estrategia para blanquear las «importantes cantidades que recibía, previsiblemente, en forma de comisiones ilegales», llegando incluso a encontrar durante el registro de su domicilio 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero.

Tras la detención se han bloqueado cuentas bancarias y activos financieros por importe de varios millones de euros, y otros activos que pudieran tener a su disposición los investigados. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones, según ha informado la Agencia Tributaria este viernes.