Al fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, parece que no le gusta que Santander siga teniendo nombres franquistas en su calles y por lello ha presionado a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, dándole un mes para que cambie el nombre de 18 calles y de que de no hacerlo la Fiscalía ejercerá «las acciones judiciales que se consideren procedentes» dando traslado a la Dirección General competente «para que inicie, si procede, el procedimiento sancionador por una infracción grave de la Ley de Memoria Democrática».
Yáñez, el pasado viernes emitía una reclamación en la que insta a Igual a cumplir los acuerdos aprobados por el Pleno municipal en agosto de 2015 y mayo de 2016 sobre la modificación del callejero lamentando «la inactividad» del Ayuntamiento al no ejecutar sus propios acuerdos para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de memoria democrática acusando al Consistorio de haberse «situado de forma consciente y deliberada en una posición inadmisible de rebeldía frente al cumplimiento de la ley».
«Resulta especialmente grave la transgresión publica de la ley mediante acciones, omisiones, dilaciones o transformaciones absolutamente injustificadas» señala el Fiscal en su escrito, desde la perspectiva de los servidores públicos .
Considera que «los honores a criminales fascistas que al día de la fecha mantiene el Ayuntamiento de Santander repulsan abiertamente el derecho de reparación de las víctimas del franquismo», y recuerda que la Ley de Memoria Democrática fija un régimen sancionador «para acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones», sanciones que van desde los 200 euros (las más leves) a los 150.000 euros (las muy graves).
El Fiscal, insiste que cumplir la ley «no es una opción que atribuya a los particulares o a los poderes públicos una facultad en función de sus apetencias, ideología, creencia u oportunidad política, sino que dicho cumplimiento responde a un norma constitucional sobre la que se construye toda nuestra existencia como Estado democrático de derecho». Dado, según señala, que los servidores públicos tienen «una obligación o exigencia reforzada en cuanto al deber de cumplir y hacer cumplir la ley», considera el fiscal que el caso del Ayuntamiento de Santander resulta «especialmente anómalo e injustificado».
La reclamación llega después de que, en febrero de este año, representantes de cuatro organizaciones memorialistas: Desmemoriados – asociación para la recuperación de la memoria Colectiva-; Héroes por la República, Archivo Guerra y Exilio de Cantabria, y Memoria de Laredo reclamasen ante la Fiscalía la intervención del titular de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria para que realizara las gestiones oportunas a fin de obligar al Ayuntamiento de Santander a que cumpliese con la legislación vigente.
Ya en junio de 2024 se presentaba una denuncia ante la Fiscalía de Cantabria por presunto delito de prevaricación contra el Ayuntamiento de Santander por no llevar a cabo la retirada del callejero los nombres del Paseo del General Dávila y de la calle Camilo Alonso Vega, por, según los denunciantes, infringir la Ley de Memoria Democrática.
Las 18 calles que pide el Fiscal que se cambien el nombre son Alcázar de Toledo (ya hay un acuerdo plenario para denominarla Las Ánimas); Alto de los Leones; Alféreces Provisionales; Belchite; Brunete; Camilo Alonso Vega; Capitán Cortés; Carlos Haya; Columna Sagardía; División Azul; García Morato; General Díez de Villegas; General Dávila; General Moscardó; Montejurra; Ruiz de Alda; Sargentos Provisionales; Zancajo Osorio.
