El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE) ha querido salir ayer al pasado de las críticas que está sufriendo tanto él como el Gobierno de Cantabria, por las últimas medidas adoptadas para paliar el incremento de casos de COVID-19 que está sufriendo nuestra región.
En unas declaraciones efectuadas en RNE, el Consejero de Sanidad, se defendía de las críticas negando que las medidas fueran «ninguna improvisación» aunque la sensación en la calle es que ha sido fruto del revés sufrido por TSJC al negarle al Gobierno que en la semana no lectiva hubiera que ir a clase por motivos sanitarios.
Hay que recordar que las medidas publicadas en el BOC esta semana incluían la prórroga del cierre perimetral de Cantabria hasta el 18 de noviembre, al igual que el cierre de los municipios hasta al menos ese día también, y este fin de semana, se añadía la prohibición de consumir en el interior de los bares y restaurante, permitiendo sólo en terrazas y a un 75% del aforo y las limitaciones a un tercio de aforo en comercios, actividades de ocio, cultura o deporte o el cierre de los centros de día.
Miguel Rodríguez, se justificaba señalando que se han tomado de acuerdo con el documento que se aprobó el pasado 22 de octubre en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, entre el Ministerio de Salvador Illa y las comunidades autónomas en el que se establecen una serie de niveles de alerta y unas medidas a adoptar en cada uno de ellos según el índice de contagios.
Rodríguez, insistía en que se trata de un «documento público» y que «desde el 22 de octubre, todo el mundo sabe, en cada nivel de alerta, las medidas que se van a instaurar. Esa es la ventaja que tiene un documento con indicadores objetivos».
