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lunes, mayo 20, 2024

El Colegio de Abogados de Cantabria muestran su preocupación con por el acuerdo de investidura firmado por Sánchez y Puigdemon

Entienden que "El contenido del documento, firmado que pone en cuestión la organización del estado y el sistema de división de poderes establecido en nuestra Constitución"

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El Colegio de Abogados de Cantabria ha emitido un comunicado donde muestran su preocupación por el acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y Junts este pasado jueves donde han establecido una amnistía un lawfare que pone en cuestión el actual estado de derecho en España. A continuación reproducimos íntegramente la nota emitida este viernes.

La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria en su reunión
celebrada en el día de hoy, en cumplimiento de sus fines establecidos en el
artículo 67 h) del Real Decreto 135/2021 de 2 de marzo por el que se aprueba el
Estatuto General de la Abogacía Española y en el artículo 4 de sus Estatutos
particulares publicados en el BOC del pasado 31 de mayo, ha adoptado el
siguiente acuerdo:

  1. Desde el absoluto respeto a la acción política de los representantes de los
    distintos partidos en aras a conformar mayorías de investidura para la
    elección del Presidente del Gobierno, mostramos nuestra preocupación
    con el contenido del documento, en cuanto, entendemos, pone en
    cuestión la organización del estado y el sistema de división de poderes
    establecido en nuestra Constitución
    .
  2. Entendemos inadmisible que dicha propuesta incorpore la posibilidad de
    que se ponga en cuestión el trabajo de jueces y magistrados que
    desarrollan su trabajo con absoluta independencia y en estricto
    cumplimiento de las Leyes emanadas del poder legislativo, solapando, de
    esta forma, el mandato contenido en el artículo 117.3 de la Constitución
    que atribuye a los jueces y magistrados la potestad jurisdiccional,
    juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.
  3. Tampoco consideramos admisible la incorporación al documento de un
    acuerdo que posibilite la revisión de la labor de los Tribunales e incluso
    que pueda determinar la exigencia de responsabilidad de jueces y
    magistrados al amparo del concepto “lawfare» o judicialización de la
    política.
  4. En nuestra condición de Corporación de Derecho Público y partícipes de
    la administración de justicia, queremos trasladar nuestra confianza en el
    Estado de Derecho y el compromiso de la Abogacía con el marco
    constitucional del que nos hemos dotado
    , haciendo un llamamiento a la
    responsabilidad y al diálogo de nuestros representantes para el logro de
    la concordia siempre desde el respeto a la legalidad.
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