El caso «GESVICAN» será juzgado por un jurado popular, así lo ha determinado el juez del Juzgado de Instrucción Nº2 de Santander, Miguel Ángel Agüero, en un auto emitido el pasado día 21 de octubre, en el que están implicados dos empleados de la sociedad pública para la Gestión de Viviendas en Cantabria (GESVICAN), y los responsables de la empresa Rucecan, implicada también en la trama de caso «Obras Públicas», por presuntos delitos de fraude en la contratación pública y cohecho.
En el banquillo de los acusados se sentarán los empleados de GESVICAN, Eduardo Suengas y Joaquín Díez, los responsables de Rucecan, Elías Celis y Secundino Vidal Celis y el director general de Senor, Ricardo Fernández, a los que el juez les imputa los delitos de cohecho recogidos en los artículos 416 y siguientes del Código Penal y delito de fraude en la contratación pública establecido en el artículo 436 del C.P., que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995», deberá ser un juicio con jurado popular.
Para el próximo día 15 de noviembre, el juez Agüero ha convocado una comparecencia a los cinco investigados, al Ministerio Fiscal, y en su caso, a las demás partes personadas, así como a Gesvicán S.L. en concepto de responsable civil subsidiario, al objeto de concretar la imputación.
Los hechos se remontan a febrero de 2023 pocos días antes de que surgiera el ‘caso Obras Públicas, cuando la Agencia Tributaria (AEAT) recibió un denuncia anónima contra los dos técnicos de Gesvicán aportando información sobre su posible participación interesada de sus dictámenes técnicos, así como detalles del cobro de comisiones a las empresas que concurrían a las licitaciones de las obras públicas, incluyendo información de las posibles prácticas irregulares de estos dos técnicos.
A partir de ese momento se iniciaron las investigaciones por parte de la AEAT, que enlazaron con el funcionario implicado en el caso «Obras Públicas» Miguel Ángel Díaz, en una llamada al director general de Senor, Ricardo Fernández, en la que denunciaban los criterios subjetivos de uno de los empleados de GESVICAN para establecer la criba en las licitaciones.
Además se pudo comprobar el uso de dinero en efectivo para llevar a cabo sus gastos personales que según la EATE pudiera ser de «origen desconocido», así como comidas entre los dos técnicos de Gesvicán y responsables de Rucecan y numerosas llamadas entre ambos «sin justificación alguna». Ahora las partes disponen de tres días por si deciden recurrir el auto del juez.