El alto cargo de de administración implicado en el caso «Obras Públicas» por la adjudicación irregular de contratos , Miguel Ángel Díaz, han reconocido los hechos y han llegado a un acuerdo con Fiscalía en la vista celebrada este jueves en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, pactando una pena de 7 años de prisión.
Además la Fiscalía ha acordado con las defensas penas entre uno y dos años de prisión.
Miguel Ángel Díaz, jefe del Servicio de Carreteras Autonómica, estuvo en prisión provisional durante seis meses y fue apartado de su puesto en la Consejería, está considerado ‘Jefe’ de la trama se le imputan delitos de fraude en la contratación, cohecho y blanqueo de capitales en concurso medial con un ilícito de falsedad en documento mercantil, además de los 7 años de prisión, deberá pagar una multa de más de un millón y medio de euros.
Todos los investigados han reconocido la veracidad de los hechos imputados y están dispuestos a consignar las cantidades exigidas por la parte perjudicada, el Gobierno de Cantabria, para reparar en su “integridad” el daño económico causado, cifrado en más de 1,6 millones de euros y en el que a la hora de fijar las penas se han tenido en cuenta las atenuantes de confesión y reparación del daño.
LAS PENAS
Tras el acuerdo alcanzado, la esposa del funcionario, implicada también en la trama, será condenada a un año y un día de prisión y al pago de 478.513 euros por blanqueo de capitales en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil.
Dos años de cárcel por fraude en la contratación y cohecho para el apoderado de API Movilidad e IMESAPI, el administrador de CANNOR y La Encina (Centro de Jardinería y Gestión Inmobiliaria), el administrador de RUCECAN así como a su apoderado y socio.
Además deberán pagar una multa de 1.800 euros y serán inhabilitados para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad social por un plazo total de cuatro años.
LA TRAMA
Agentes de la Agencia Tributaria, acompañada de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entraban en las oficinas de la Consejería de Obras Públicas el 22 de febrero de 2023, por orden del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander de la que es titular la jueza Mercedes Compostizo, donde se detuvo a la única persona de la administración pública implicada, Miguel Ángel Díez, jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude en la contratación pública, falsedad documental y blanqueo de capitales y ha las empresas Rucecan, La Encina y Api Movilidad.
Los agentes policiales habrían descubierto que el Jefe de Conservación de Carreteras, Miguel Ángel Díez tenía una cuenta en un banco de Luxemburgo donde constan operaciones con fondos de inversión por más de 772.000 euros. También donaciones a su mujer y a sus hijas en los cuatro últimos años por importes de 775.000 euros.
Díaz, adjudicó un total de 8.879.439,01 euros a las empresas Rucecan SL, Api Movilidad SA, la UTE conformada por Rucecan SL y Obras del Norte SA y Centro de Jardinería La Encina SL.
De los 8,8 millones de euros, la compañía que más dinero público cobró fue
Rucecan, dedicada a la construcción, que obtuvo 4.709.575,77 euros en contratos.
Le sigue Api Movilidad SA, cuyo objeto social es «desarrollo de proyectos de ingeniería civil», resultó beneficiada por contratos por valor de 2.632.876,79 euros. Por último, la UTE cobró 858.654,14 euros y la cuarta empresa implicada en la trama de corrupción 678.332,31 euros.
