Agentes de la Agencia Tributaria, acompañada de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entraban en las oficinas de la Consejería de Obras Públicas el 22 de febrero de 2023 y desde entonces poco se ha conocido de como han ido desarrollándose las investigaciones por parte El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander de la que es titular la jueza Mercedes Compostizo, a excepción de lo conocido en los primeros días de esa intervención donde se detuvo a la única persona de la administración pública implicada, Miguel Ángel Díez, jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude en la contratación pública, falsedad documental y blanqueo de capitales y ha las empresas Rucecan, La Encina y Api Movilidad.
Pues bien, dos años y cuatro meses después el conocido como «caso Obras Públicas» parece que el caso avanza tras conocerse que la Fiscalía ha presentado cargos contra ocho personas de las once que estaban involucradas y entre ellos el propio Miguel Ángel Díez, su mujer Beatriz del Río y su hija mayor Cecilia y su mujer apartando de la causa a la hija menor Sofía, porque «no participó de forma activa» en la supuesta trama, y a dos de los constructores como son el de API Movilidad y el de Senor. Ahora el procedimiento entra en una nueva fase y, una vez que la jueza dicte auto, las acusaciones tanto la Fiscalía como las particulares podrán concretar las penas para los acusados.
CASO OBRAS PUBLICAS
Los agentes policiales habrían descubierto que el Jefe de Conservación de Carreteras, Miguel Ángel Díez tenía una cuenta en un banco de Luxemburgo donde constan operaciones con fondos de inversión por más de 772.000 euros. También donaciones a su mujer y a sus hijas en los cuatro últimos años por importes de 775.000 euros.
Díaz, adjudicó un total de 8.879.439,01 euros a las empresas Rucecan SL, Api Movilidad SA, la UTE conformada por Rucecan SL y Obras del Norte SA y Centro de Jardinería La Encina SL.
De los 8,8 millones de euros, la compañía que más dinero público cobró fue
Rucecan, dedicada a la construcción, que obtuvo 4.709.575,77 euros en contratos.
Le sigue Api Movilidad SA, cuyo objeto social es «desarrollo de proyectos de ingeniería civil», resultó beneficiada por contratos por valor de 2.632.876,79 euros. Por último, la UTE cobró 858.654,14 euros y la cuarta empresa implicada en la trama de corrupción 678.332,31 euros.
Todos estos contratos fueron adjudicados mediante el procedimiento de
emergencia. Es decir, evitando que los encargos fueran licitados y se realizara un concurso público, entre los años 2019 y 2022. Muchas de estas adjudicaciones se llevaron a cabo durante la pandemia del coronavirus.
La presidenta del actual Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en campaña electoral habló de abrir una comisión para investigar las responsabilidades políticas, pero tras el acuerdo con Revilla, para investirla presidente con los votos del PRC, este último puso como condición que no hubiera comisiones de investigación sobre la gestión de su Gobierno PRC-PSOE, algo que a día de hoy se está cumpliendo.
CASO GESVICAN
De forma Paralela, se encuentra abierta una pieza separada, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, donde se analizan las presuntas irregularidades en Gesvican, empresa pública dependiente de la misma Consejería de Obras Públicas donde se investiga un presunto fraude y cohecho, centrados en adjudicaciones y contratos vinculados a esta entidad instrumental.
El 21 de octubre de 2024, el juez Miguel Ángel Agüero, dictaba un auto, en el que están implicados dos empleados de la sociedad pública para la Gestión de Viviendas en Cantabria (GESVICAN), y los responsables de la empresa Rucecan, implicada también en la trama de caso «Obras Públicas», por presuntos delitos de fraude en la contratación pública y cohecho.
En el banquillo de los acusados se sentarán los empleados de GESVICAN, Eduardo Suengas y Joaquín Díez, los responsables de Rucecan, Elías Celis y Secundino Vidal Celis y el director general de Senor, Ricardo Fernández, a los que el juez les imputa los delitos de cohecho recogidos en los artículos 416 y siguientes del Código Penal y delito de fraude en la contratación pública establecido en el artículo 436 del C.P., que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995», deberá ser un juicio con jurado popular.
