La investigación por parte de la jueza que preside el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Santander, Mercedes Compostizo Olarte, ha entrado en su fase final con la práctica este miércoles de nuevas declaraciones a algunos de los imputados a la espera de llevar a cabo las últimas diligencias que quedan pendientes, para en ese momento incoar el procedimiento del jurado popular y convocar la comparecencia de imputación.
Según adelanta el Diario Montañés, fuentes cercanas a la investigación, han indicado que los diez investigados en este proceso serán juzgados por un tribunal popular, ya que uno de los delitos que se les imputa así lo determina como es el de cohecho.
El «caso Obras Públicas» estaría en la misma situación procesal que el ‘caso Gesvicán‘, donde se investigan a diez personas ya que se trata de una pieza una derivada donde están imputados dos técnicos de la empresa pública vinculada al Gobierno regional y tres empresarios, donde se investigan también irregularidades en contratos de Carreteras.
En el mes de abril el Gobierno de Cantabria amplió los cargos sobre el exjefe de Carreteras, Miguel Ángel Diez, su mujer Beatriz del Río, administradora de Parivara Lagani (la empresa con la que presuntamente blanqueaban las mordidas de las empresas), y los responsables de la empresa Rucecan, y los hermanos Secundino Vidal Celis y Elías Celis, implicadas en la trama.
A instancia de la abogada del Gobierno de Cantabria, la Jueza acordó una nueva declaración de Miguel Diez, su mujer, que se acogieron ayer a su derecho a no declarar, los hermanos Celis y el representante de la empresa Rucecan, que lo harán este jueves.
