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sábado, abril 20, 2024

Condenados por prevaricación a 14 y 11 años de inhabilitación los dos exaltos cargos de la sanidad cántabra

La sala considera que la actuación de Francisco Javier González, exsubdirector de Gestión Económica y Alejandro Rojo, exgerente de Atención Primaria, implicó «infringir de forma palmaria y clamorosa la legalidad vigente»

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La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a 14 y 11 años de inhabilitación, respectivamente, al exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS) Francisco Javier González y al exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo, por prevaricar en su etapa en el cargo la pasada legislatura, gestionada por el PSOE.

Así consta en una sentencia, notificada este miércoles, de la Sección Tercera de la AP que enjuició los hechos el pasado mes de febrero, y que considera a ambos ex altos cargos del SCS autores de un delito de prevaricación administrativa, por el fraccionamiento de contratos de obras y servicios.

La Sala impone a los procesados la pena solicitada por el fiscal, que pedía catorce y once años de inhabilitación por el citado ilícito -continuado y no-, mientras que el PP, que ejercía la acusación particular, reclamaba quince años por unos hechos que IU denunció ante el ministerio público.

González, con experiencia en la gestión económica administrativa, y Rojo, médico de profesión, desempeñaron sus cargos bajo el mandato de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad desde 2015 y hasta 2018, año en el que dimitieron -junto al entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil- al salir a la luz las presuntas irregularidades.

Fueron denunciadas por la jefa del Servicio de Contratación en aquel momento, y apreciadas en contratos menores para el mantenimiento y pintado de centros de salud y las obras de ampliación del Hospital Virtual de Valdecilla, así como en la compra de 22 ecógrafos para otros tantos ambulatorios, y en las asistencias técnicas a un consultor externo, Álvaro Sáez de Viteli, ya fallecido y al que la jueza instructora imputaba el mismo delito.

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