El Ayuntamiento cumplirá estrictamente lo que se disponga por parte del Gobierno regional, pero que no implantará medidas adicionales que puedan afectar a la «economía social», vinculada al mantenimiento de los puestos de trabajo y los ingresos económicos de las familias en la capital cántabra, es el extracto de las palabras que ayer trasladó el portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti (Cs) .
La sensación es que Curuti se lio o quiso decir algo es una obviedad, entre otras cosas porque la potestad para tomar medidas restrictivas sanitarias corresponde a la Consejería de Sanidad y no al Ayuntamiento.
El portavoz del Equipo de Gobierno santanderino indicaba que «nuestro criterio es muy sencillo, hacer lo que nos digan las autoridades sanitarias. Nunca haremos menos de lo que nos digan y tampoco coartaremos a los ciudadanos ni un milímetro más de lo que nos digan. Lo digo por si hay gente a la que molesta que se siga haciendo lo que la ley y las autoridades sanitarias con todo su conocimiento permiten hacer».
Cerut,i entiende que es complicado compaginar sanidad pública y economía social señalando que desde el Ayuntamiento «cumpliremos estrictamente. Está siendo pacífica la relación bilateral con la con la Consejería de Sanidad y estamos cumpliendo todas sus exigencias. Cumpliremos lo que nos digan y no coartaremos la libertad de los ciudadanos ni un milímetro más».
Unas explicaciones que no tienen mucho sentido porque entre otras cosas están en la obligación de cumplir con lo que orden las autoridades sanitarias y por ende el Gobierno regional que el actual Estado de Alarma es quién tiene la potestad para determinar que restricciones se aplican.
