La empresa ubicada en Nueva Montaña, Gobal Steel Wire (GSW) ha cambiado de propietarios después de que el juzgado número 2 de lo mercantil de Barcelona ha fallado a favor de los acreedores de Celsa, propietaria de fabrica,  y en contra de la familia Rubiralta, transfiriéndoles a los primeros la propiedad del gigante siderúrgico.

De esta forma, Celsa dejará de ser una de las principales empresas familiares catalanas ya que el control de este conglomerado de sociedades industriales que emplea a más de 10.000 personas en España y factura 6.000 millones de euros anuales pasa a manos de los fondos de inversión.

La sentencia ha sido conocida este lunes y sirve para pone punto y final a una larga guerra judicial entre los Rubiralta y parte de sus acreedores, en la que ha llegado ha involucrarse con ofertas de rescate millonarias el propio Gobierno.

El fallo es firme y sobre el mismo no cabe recurso alguno, ante esta situación los trabajadores están convocados en la tarde de este lunes por los sindicatos a asambleas en la mayoría de centros para informarles de los detalles y aplicación de la sentencia.

El magistrado Álvaro Lobato Lavín en su sentencia ha considerado probado y ajustado a la legalidad el plan de reestructuración que presentaron los fondos inversores, que entre todos cuentan con 2.433,7 millones de euros en deuda vencida.

Los Rubiralta de esta forma pierden el control de sus fábricas como consecuencia de acumulación de deudas que habían contraídas para mantener a flote un negocio que exige constantemente de grandes inversiones para ser rentable. «En una moderna economía competitiva, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica», señala el juez en su sentencia.

El magistrado ha considerado que el plan de reestructuración que presentaron SVP Global, Deutschebank, Sculptor y Anchorage cumplía con esos requisitos legales que aseguran la viabilidad del Grupo Celsa, indicando que «acusar a los acreedores de configurar una coalición de ‘fondos oportunistas’, ‘fondos buitres’, de buscar un ‘pelotazo financiero’ o pretender ‘una expropiación de los accionistas del Grupo Celsa’ no es una descripción adecuada», indicaba tras las dudas planeadas por los Rubiralta.

«Deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto», recuerda el magistrado a los fondos acreedores.

Los fondos demandandes que se han hecho con la propiedad son: Rathmines, Deutschebank, London Branch, International Kapitalanlagegesellschaft MBH, Acting for SDF 2, Cross Ocean USD ESS II, Sarl, Cross Ocean AGG II, Sarl, Sculptor Investments, Trinity Investments, Goldentree y BV y AIO VII.