El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO) ha llevado al Juzgado de lo Social lo que entienden como «corrupción laboral» y «clientelismo político» en nombramientos en Cantur, la empresa que dirige Bernardo Colsa (PRC) y que depende de la Consejería de Turismo que dirige el Partido Regionalista de Cantabria.

Desde el sindicato acusan a CANTUR de estar volviendo a su «etapa más oscura y negra» desde la llegada del Colsa a la dirección de este organismo ha asegurado Carmelo Renedo, responsable de la sección sindical en el Gobierno de Cantabria, que han tomado la decisión de llevarlo al Juzgado de lo Social para «dar la batalla» para que en esta entidad pública no «se repartan puestos de trabajo a dedo» entre miembros del propio PRC .

Acusan a CANTUR de haber hecho dos nombramientos por parte del director de la empresa pública, Bernardo Colsa, y que han contado con el «consentimiento» de Marina Lombó, consejera de Turismo, señalando que se trata de un «atropello» por obviarse requisitos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que establece la ley, indican desde el sindicato.

NOMBRAMIENTOS A DEDO DE BERNARDO COLSA

El caso que ha llevado a tomar esta decisión a CC.OO. es el del alcalde de Camaleño, el regionalista Óscar Casares, designado para el cargo de supervisor de hostelería, para el que «no cumple los requisitos», y otra chica sin cargo político «de momento» y que ha sido elegida para el mismo puesto de supervisor de hostelería pero en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

El pasado 21 de octubre, el director general de Cantur, Bernardo Colsa, autorizó el cambio a Supervisores de Hostelería de Fuente Dé y Zona Bahía (grupo 2) a dos personas que hasta ese momento desempeñaban los puestos de encargado de hostelería (grupo 3) y camarera (grupo 4), «sin ningún tipo de prueba de acceso ni anuncio» lo que viene a ser denominado habitualmente a «dedo».

En el caso del puesto de Supervisor de Hostelería de las instalaciones de Fuente Dé, el puesto había quedado vacante por la jubilación parcial de la persona que hasta ese momento lo ocupaba, mientras que en la Zona Bahía se ha creado el puesto por la necesidad de dotar al área de un puesto más por el número de días pendientes acumulados de las personas que ocupan dichos puestos y la necesidad de complementar los servicios.

El sindicato acusa que dichos nombramientos se han hecho ‘a dedo’, sin tener en cuenta la ley de transparencia de la actividad pública que el Gobierno de Cantabria aprobó en 2018 ni sentencias recientes del Tribunal Supremo que señalan que el acceso al empleo se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad en todas las entidades del sector público y que en este caso no se han cumplido.

Renedo, indica que el «cinismo, desvergüenza y osadía» de la empresa pública, que después de negarse a revocar estas designaciones, ha alegado que pueden hacerlas y que es algo que está «bien hecho».

Continuaba el responsable sindicalista que «lo hace a dedo, lo niega en el Orecla, nos obliga a ir al Juzgado» y «al día siguiente», para cubrir más puestos, publica la convocatoria, indicando que en todo caso dichas bases son «arbitrarias y hechas a medida para cargos del PRC», para «pagar favores» de la campaña y listas electorales.

Insistía Renedo que se incluyen requisitos «medidos» para personas «concretas», de modo que «al más mínimo error esos puestos se quedan vacantes», como ha sucedido con bolsas de trabajo publicadas en la pagina web de la empresa pública y que han quedado sin «ningún candidato», a pesar del paro que hay en Cantabria, para de esa manera colocar en esos puestos a «amigos y compromisos» del PRC.

Las acusaciones han ido más allá al indicar que Bernardo Colsa ha abierto, de forma «unilateral», sobres de opositores para comprobar «quién cumple y quién no» los requisitos, pasando por alto la convocatoria de selección y las bases, lo que ha llevado a CCOO a urgir a Cantur a que paralice este proceso y convoque la comisión de selección para que elija de forma «transparente y legal» dichos puestos.

Y es que desde el sindicato creen que «esto vuelve a ser la corruptela y el clientelismo político al que ya nos enfrentamos en la etapa más oscura y negra de Cantur, una empresa pública que en otras legislaturas se convirtió en la principal agencia de colocación del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), el lugar ideal para devolver favores electorales».

Por último urgen a que el Parlamento debe «intervenir ya de manera decidida» en este asuntos para «acabar con el clientelismo político» y «poner orden y que se cumpla la legalidad en las empresas públicas de Cantabria».