El exalcalde de Astillero, Carlos Cortina (PP), tendrá que rendir cuentas a la justicia por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la contratación de una trabajadora, en el mes de marzo en un juicio que tendrá lugar entre el 17 y el 19 de ese mes, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Cotina, se enfrenta 10 años de inhabilitación para cualquier empleo o cargo público que solicita el fiscal, además de indemnizar al Ayuntamiento con 98.749 euros, que deberá sufragar, igualmente, junto a la empleada implicada, para la que interesa para la que se pide un año de cárcel y multa de 160.000 euros, mientras que el Ayuntamiento solicita igualmente diez años de inhabilitación para el exalcalde y un año prisión y multa de 180.000 euros para la implicada.

Los hechos que se juzgan en concreto son la contratación de la hermana de la empleada municipal, a la que el Ayuntamiento abonó «38 facturas» por un importe cercano a los 100.000 euros en tres años, y que también está imputada en la causa.

Durante nueve años en el periodo que va de 2006 a 2015, Cortina fue alcalde del municipio astillerense por parte del Partito Popular, siendo la causa del juicio la denuncia de un funcionario, a la que luego se sumaron PSOE e Izquierda Unida como acusación, por irregularidades en la contratación de la citada persona, «cercana al PP», y que según los denunciantes se habría llevado a cabo en contra del criterio del interventor y del secretario municipal y durante un largo periodo de tiempo.

Lo acusados presentaron recurso en su momento pero la Audiencia Provincial los rechazo al entender que «concurren indicios de una contratación arbitraria y contraria a la legalidad que exceden del ámbito de la mera irregularidad administrativa».