CANTUR, se le está atragantando al Gobierno de Miguel Ángel Revilla tras una nueva resolución de la Justicia, en este caso del Juzgado de lo Social número 6 de Santander que ha declarado la nulidad de los cambios de categoría y puestos acordados directamente por la dirección de la empresa pública, encargada de la gestión de infraestructuras turísticas en la región, en favor del alcalde de Camaleño, Óscar Casares (PRC), y otra trabajadora, que ascendieron a supervisores de hostelería (grupo 2) en las instalaciones de Fuente Dé y Zona Bahía sin pasar por las correspondientes pruebas.
En una sentencia dictada este lunes, así lo acordaba la titular del juzgado, que se conocía este martes, en la que estima la demanda interpuesta por el sindicato Comisiones Obreras contra la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (CANTUR) y los empleados implicados, y con la que la jueza “reafirma las irregularidades y fraude en la contratación” en el seno de la misma, según señalan desde CCOO.
La jueza ha declarado la nulidad del cambio de categoría y puesto en cuestión por no haber pasado por las correspondientes pruebas de acceso, ya que fueron acordados directamente por la dirección de la empresa pública Cantur.
“Siendo la empresa demandada una entidad pública autonómica se encuentra vinculada por estos principios en el acceso a la cobertura de sus puestos de trabajo”, es la resolución judicial, que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación en el plazo de cinco días.
“Seguimos demostrando las corruptelas en la contratación de Cantur y el clientelismo del consejero de Turismo, Javier López Marcano”, señalan desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Cantabria.
“Ya son más de sesenta las demandas que el sindicato ha ganado a Cantur, entre irregularidades en la contratación y demandas de cantidades”, señalan desde el sindicato, porque se trata de un “suma y sigue en el que Cantur, continúa acumulando irregularidades”.
