Lograr el grado de dependencia en Cantabria lleva más de 210 días a los que haya que añadir la espera posterior para acceder a una prestación, algo incomprensible con personas que necesitan con urgencia esta ayuda para poder atender sus necesidades primarias y que llevó a que entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 fallecieran 243 personas mientras esperaban que se les concediera el grado en nuestra comunidad autónoma.
Así lo ha denunciado la diputada y portavoz del PRC en materia de políticas sociales, Rosa Díaz, ha presentado una moción en el Parlamento para urgir al Gobierno la simplificación del procedimiento por el que se reconoce el grado de dependencia y garantizar la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) en un plazo no superior a 6 meses.
La parlamentaria plantea además la necesidad de ampliar las plazas disponibles tanto en centros residenciales como en centros de día, para atender las necesidades reales de la Comunidad Autónoma, incrementar los conciertos hasta el 90 por ciento de la oferta, y reforzar los servicios de apoyo, especialmente la teleasistencia y la ayuda a domicilio, con especial atención al mundo rural.
Con estas propuestas, el PRC pretende «corregir» los principales problemas del sistema público de atención a la dependencia y acabar con «los retrasos, la falta de plazas y las dificultades que sufren muchas familias a la hora de acceder a las prestaciones existentes, con esperas que superan los 210 días para conseguir la declaración del grado de dependencia, a los que se suma la espera posterior para acceder a una prestación.
Rosa Díaz ha destacado que 243 personas fallecieron en Cantabria entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 mientras esperaban recibir la ayuda que les correspondía por ley, una cifra que considera «inaceptable en una comunidad que cuenta con capacidad y recursos para no dejar a nadie atrás en esa situación».
«Hay familias soportando costes imposibles para sufragar una plaza o recibir ayuda privada cuando tienen todo el derecho a una prestación pública, por lo que el Gobierno debe poner todos los medios necesarios para evitar situaciones injustas y garantizar que ninguna persona con dependencia quede sin atención», ha subrayado.
En este sentido, ha recordado que a día de hoy no se han creado las 600 nuevas plazas residenciales y de día que el propio Ejecutivo anunció para 2025 y la financiación autonómica destinada a dependencia ha caído casi a la mitad, pasando de 27,3 millones en 2023 a 14,8 en 2024, mientras la cobertura global del sistema se sitúa en Cantabria cinco puntos por debajo de la media nacional.
«Queremos un sistema de dependencia que funcione, que no condene a nadie a esperar, que sea justo para las familias y un ejemplo de atención digna», ha concluido la parlamentaria regionalista.
