El Gobierno de Cantabria se ha sumado hoy el pacto nacional para reconocer por ley y regular el teletrabajo en el seno de las administraciones públicas. Esta norma «garantiza la atención presencial a la ciudadanía, tiene carácter voluntario y atiende los derechos individuales y colectivos de los empleados públicos».
El teletrabajo se combinará siempre con la asistencia al puesto de trabajo, al no ser considerado ordinario. La reforma legal establecerá un plazo de seis meses para llevar a cabo la adaptación normativa por parte de las administraciones públicas autonómicas.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha participado en la Conferencia Sectorial de las Administraciones Públicas. Aquí están representadas, además del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Fernández Viaña ha señalado que «hacer realidad el teletrabajo» es una de las «principales prioridades» del Gobierno cántabro por su «especial utilidad». En este sentido, ha dicho que la comunidad autónoma ultima ya el texto del decreto autonómico que concretará los supuestos.
Esta norma será objeto de negociación colectiva con los sindicatos a nivel regional y también será presentada a la Federación de Municipios de Cantabria (FMC).
La consejera ha explicado también que será necesario determinar los puestos de trabajo susceptibles de trabajar en remoto o a distancia, con el fin de garantizar la correcta prestación de los servicios públicos.
