El Gobierno de Cantabria va ser llevado a los juzgados tras anunciar una demanda por parte de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) que ha anunciado este jueves un recurso contencioso administrativo contra la resolución que desestimaba el recurso de alzada presentado contra la resolución para la denominada «extracción» de 41 lobos en nuestra región.
En su recurso, ASCEL, solicita al juzgado de medidas cautelarísimas, para que se suspendan las muertes de los lobos hasta que no haya una resolución definitiva, además de anunciar la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Para ASCEL la Ley 1/2025, publicada por el Gobierno de Cantabria, en lo referente al lobo, considera que «constituye la máxima expresión del odio patológico hacia una especie protegida para devaluar el marco de protección de nuestra biodiversidad, anulando el papel de una especie clave al equipararla a un subproducto ganadero, a modo de desperdicio».
En su comunicado insiste ASCEL que «Las enmiendas torticeras originadas por el PP pretenden desmontar toda la normativa sobre protección de biodiversidad en España a través de la desprotección del lobo, volviendo a la España decimonónica y a la arbitrariedad».
Recuerda la asociación que ante esta ley, el pasado día 3 presentó un recurso de alzada. previo a la actuación judicial que acaba de llevar a cabo contra el Gobierno de Buruaga y con ello pretende «reivindicar que impere la protección del interés general».
ASCEL solicita al juzgado medidas cutelerísmas para evitar «pérdidas irreparables» de lobos y advierte que emplazará al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para elevar cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley 1/2025, en lo referente al lobo, al Constitucional.
