La empresa Ascan-Geaser hasta el pasado martes adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basuras en el Ayuntamiento de Santander, ha anunciado una querella criminal contra tres funcionarios del propio ayuntamiento a los que acusa de prevaricación administrativa en la rescisión del contrato de basuras, llevada a cabo el pasado día 13 en Junta de Gobienrno extraordinaria.

Las querellas van dirigidas contra la directora general de medio ambiente Belén Domínguez, el interventor municipal Ignacio Gómez Álvarez y la directora de desarrollo sostenible Julia Benito y no descartan que haya más.

El director de servicios del grupo ASCAN-Sadisa Rubén Varela ha anunciado estas medidas en una comparecencia pública en la que ha aclarado que Domínguez tramitó 9 expedientes sancionadores contra la empresa unos días después delas elecciones de mayo de 2019 y que el interventor realizó una informe para validar descuentos en las facturas de la empresa sin demostrar ninguna irregularidad grave.

Desde junio del 2020 estos descuentos han superado los 3 millones de euros lo que ha puesto a la empresa en una situación económica complicada.

Ascan no descarta ampliar la querella a los concejales del equipo de gobierno que participaron en la junta de gobierno local que adoptó la decisión de rescindir el contrato. 

La empresa intenta demostrar que la decisión del ayuntamiento se ha hecho con informes manipulados y con expedientes que contenían información falsa.

El portavoz del grupo Ascan ha cuestionado también la formula elegida para adjudicar el nuevo contrato ypor lo que están estudiando acudir a los tribunalesal entender que el ayuntamiento pueda haber cometido prevaricación administrativa. «Se ha adjudicado el nuevo contrato sin publicidad, sin concurso público y a dedo por 16.5 millones de euros», asegura Varela.

El siguiente paso es obtener toda la documentación del nuevo contrato para poder presentar una demanda contencioso-administrativa y solicitar medidas cautelares que paralicen la tramitación del nuevo contrato por vía de emergencia contra el Ayuntamieto.

CONTRATO A LA BAJA

Santiago Díaz Zavala, Director General del grupo, a lamentado que el Ayuntamiento haya tenido un trato discriminatorio con su empresa mientras no ha actuado igual en la gestión de los contratos de agua o de parques y jardines. «Somos una empresa cántabra que da empleo a casi 2.000 personas».

Además insiste en que el contrato se adjudicó por cinco millones de euros menos que en la etapa anterior y culpa al ayuntamiento de ser el responsable de la mala calidad del servicio por esta rebaja en el precio en la adjudicación.