Solo dos meses después de que se iniciara la investigación, la Fiscalía de Cantabria ha decidido archivar la denuncia interpuesta por la Plataforma Memoria y Democracia defensores de la famosa «Memoria Democrática», contra el Ayuntamiento de Santander porque entendían que había un «reiterado delito de desobediencia» ante la negativa a cambiar los nombres de determinadas calles de la capital cántabra por estar vinculados la dictadura franquista, algo en contra de dicha Ley socialista.
Pues bien, Fiscalía de Derechos Humanos de Cantabria ha cerrado la investigación en un breve espacio de tiempo archivando las diligencias abiertas, tras la denuncia de la Plataforma Memoria y Democracia, a la que se sumaron también cerca de cincuenta vecinos de forma individual, al considerar que no hay delito alguno ni reproche legal contra el Ayuntamiento santanderino porque «por falta de tipicidad penal», según sus conclusiones.
No es la primera vez que una denuncia de este tipo presentada por la Plataforma Memoria y Democracia es rechazada en los tribunales, concretamente en mayo de 2023 este mismo colectivo presentó una denuncia contra Gema Igual y al entonces concejal de Cultura de ciudadanos, Javier Ceruti, por un posible delito de desobediencia recogido en el artículo 410.1 del Código Penal, siendo también rechazado por la Fiscalía.
Nombres como General Dávila, Camilo Alonso Vega, Alto de Los Leones, Alféreces Provisionales, Belchite, Brunete, Capitán Cortés, Carlos Haya, García Morato, General Díaz de Villegas, General Moscardó, Montejurra, Ruiz de Alda, Sargentos Provisionales y Zancajo Osorio, son los que están en el punto de mira de estos grupos defensores a ultranza de la famosa Ley de Memoria Democrática que puso en marcha el Gobierno socialista de Zapatero en el 2007 y que actualizó el Gobierno de Pedro Sánchez el 19 de octubre de 2022, para eliminar todos los vestigios del franquismo o lo que ellos entienden por franquismo que pretende entre otras cosas que se cambien estas denominaciones.
«Serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial», señala la Ley, y que fue refrendada por la ley autonómica de 2021, aprobada por el Gobierno PRC-PSOE en la anterior legislatura y que se pretende a modificar el actual Ejecutivo de Buruaga.
