El horizonte judicial parece que se le complica, Miguel Ángel Revilla, tras conocerse el auto del Tribunal Supremo que dictamina que el Rey Emérito, Don Juan Carlos I, no es un defraudador, como le ha acusado el líder del PRC, en sus intervenciones televisivas y por el que le reclama 50.00 euros.
Revilla tiene un acto de conciliación el próximo día 16 de mayo con el Rey Emérito por la denuncia sobre el derecho al honor, donde podrá retractarse de sus declaraciones públicas donde le calificaba de «defraudador fiscal» entre los año 2022 y enero de 2025.
El Supremo ha sido claro indicando que Don Juan Carlos se encuentra al día de todas sus obligaciones tributarias lo que significa que no hubo delito en ninguno de los hechos por los que la Fiscalía le investigó.
Además ha establecido que el nivel de tolerancia de las críticas, insultos y descrédito de las personas con una dimensión pública, «no es ilimitado», por lo que la estrategia judicial que tendría Revilla, puede hacer agua si finalmente se llega al procedimiento civil, donde tendrá que justificar que motivos le llevaron a llamar «defraudador fiscal» a Don Juan Carlos, de forma constante.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo desestimaba así la querella interpuesta por un grupo de juristas jubilados contra Don Juan Carlos, por entender que estaba basaba en «la selección fragmentada e interesada» tres años después de que el Ministerio Público archivase todas las diligencias abiertas.
Para el Supremo «no hay datos objetivos» que puedan avalar, «o crear una duda razonable,» sobre la reputación tributaria del Rey Emérito, porque la realidad «no puede ser reformateada» para que parezca que ocurrió lo que no ocurrió o «para transmutar las razones del cierre de una exhaustiva investigación» como si hubiesen quedado flecos pendientes sobre unos hechos que «el Ministerio Fiscal considera que conceptualmente no son ya constitutivos de delito», por lo que resulta imposible afirmar, como hizo el Revilla, que Don Juan Carlos es un «corrupto», un «evasor fiscal» o un «fugado de la Justicia», como ha dicho en innumerables ocasiones el líder del PRC.
A todos ello, se suma la reciente sentencia dictada por la Sala Segunda del Constitucional, de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, en la que insistía en la ya consolidada doctrina sobre el contenido de la libertad de expresión y «sus límites», entre los que se encuentra el «derecho al honor».
«Aunque los representantes políticos, autoridades y cargos públicos tengan la obligación de soportar un nivel más intenso de la crítica y del escrutinio público, ello no puede comportar que cualquier imputación que afecte a su reputación pueda ser amparada por la libertad de expresión, máxime cuando, como en este caso sucede», cuando ya no se encuentran en un primer plano o en el ejercicio habitual de su autoridad, indicaban los magistrados del Constitucional.
